Ayer, en el último día de octubre, concluyó la fase más intensa en el proceso de separación, vía despido o solicitud de renuncia, de funcionarios y empleados de las oficinas presidenciales.

Se estima que sólo en las oficinas de la Presidencia más de 500 han dejado el empleo. Y también que en este último mes del mandato de Enrique Peña Nieto trabajarán sólo los titulares de las diversas oficinas, con el mínimo de personal de confianza, así como los elementos del Estado Mayor Presidencial, que también está a punto de desaparecer.

Despejar la nómina y los puestos laborales para que el gobierno entrante disponga de los mismos y al mismo tiempo agilizar, en caso de mandos medios y superiores, la entrega del Seguro de Separación Individualizado (SSI), han sido los principales argumentos esgrimidos para prescindir de quienes laboraron estos seis años –y en muchos casos desde antes– en la Presidencia de la República.

De este modo, a partir de hoy áreas enteras quedan prácticamente desmanteladas y, en el mejor de los casos, sólo con el titular y muy pocos de sus colaboradores más cercanos.

Se ha dicho incluso que para el último tramo de la actual administración federal algunos servidores han aceptado trabajar pro bono, esto es, sin cobrar durante noviembre.

En la sala de prensa de Los Pinos, por ejemplo, a partir de ayer sólo quedó la titular de esa área, el equipo de estenógrafos y una secretaria.

En la Presidencia se tienen muy pocas de las llamadas plazas de base y cada administración emplea funcionarios en la modalidad de estructura o contrato –aunque a final de cuentas prácticamente todos caen en la categoría de trabajadores de confianza– y por tanto resultan prescindibles cuando así lo determinan las diversas áreas de la Presidencia.

Por lo general, los contratos de los empleados de Los Pinos –mandos medios y operativos sobre todo– vencían el 30 de noviembre del año de cambio de poderes, y las administraciones entrantes, tras realizar evaluaciones de desempeño y aquilatar la experiencia acumulada, decidían en no pocas ocasiones ratificar su permanencia.

Esta vez, y cuando a partir de diciembre gobierne Andrés Manuel López Obrador, quien ha manifestado su intención de despedir a buena parte del personal de confianza del gobierno federal, instancias como las oficinas de la Presidencia se adelantaron y desde julio mismo –cuando se realizaron los comicios– iniciaron el despido del llamado personal eventual.

En conferencia de prensa el día 18, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, confirmó tener la instrucción de realizar ese procedimiento con el fin de no dejar cargas financieras adicionales a la nueva administración.

Detalló que en una reunión previa de gabinete, el presidente Peña Nieto instruyó a todas las dependencias no realizar nuevas contrataciones en los últimos meses del sexenio y hacer los ajustes necesarios en el gasto corriente, a fin de que el gobierno entrante no tenga cargas más allá de los que la propia operación requiera para iniciar en las mejores condiciones financieras.

Fue así como entre ese mes y octubre día a día se fue solicitando la renuncia a muchos trabajadores de la Presidencia. De manera notoria, en el área de comunicación social se volvió común recibir noticias de las incesantes bajas y ausencias de trabajadores de las áreas de información y logística y ayer prácticamente cerró con la salida de altos mandos.