El hecho de que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados no haya aprobado la Cuenta Pública 2016 debido a la falta de claridad en el destino de 98 mil 485 millones de pesos es una muy buena noticia, porque de esta manera el Congreso ejerce de nuevo su facultad de revisar la forma en que el gobierno ejerce los recursos aprobados por el Poder Legislativo, afirmó la investigadora universitaria Gabriela Ríos Granados.

Celebro que no se haya aprobado la Cuenta Pública 2016, porque tenemos más de nueve años de que no pasaba a revisión. Normalmente se emite el Presupuesto de Egresos de la Federación, entra en vigor al año siguiente y después se hacen informes sobre las inconsistencias, pero para cerrar el ciclo del control del presupuesto se necesita la aprobación de la Cámara (de Diputados), indicó la especialista en charla con La Jornada.

Una de las consecuencias de tener un control tan laxo en el uso de los recursos públicos es que las adecuaciones que realiza la administración pública federal en el presupuesto de cada año termina convirtiéndose en una suerte de presupuesto paralelo, con diferencias excesivas respecto al que aprobó inicialmente el Congreso, afirmó la coordinadora del área de derecho fiscal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Luego de reiterar que la no aprobación de la Cuenta Pública 2016 significa que la Cámara de Diputados vuelve a jugar un rol de contrapeso para evitar el uso de partidas y proyectos discrecionales o sin reglas de operación, Ríos Granados enfatizó que haber renunciado a ejercer ese papel hizo aumentar la impunidad.

Si la Cámara baja no ejercía esta función supongo que era por un tema de contubernio (con el Ejecutivo), porque esta es una de sus funciones constitucionales. En México, la Secretaría de Hacienda se autorrevisa, palomea las cuentas públicas y esto propició la impunidad en diversas irregularidades.

De acuerdo con una revisión histórica, la Cámara de Diputados nunca envió a comisiones para su dictaminación las cuentas públicas de 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, del gobierno de Vicente Fox; ni tampoco las de 2010, 2011 y 2012, de Felipe Calderón, ni las de 2013, 2014 y 2015, de Enrique Peña Nieto.