La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició tres nuevos procedimientos administrativos sancionatorios por el caso Odebrecht, que se suman a ocho resoluciones por este caso, indicó el coordinador general de órganos de vigilancia y control de dicho organismo, Christian Noé Ramírez Gutiérrez.

“Tenemos iniciados ya, al día de hoy, tres procedimientos administrativos sancionadores nuevos, y calculo –por los tiempos– que antes de que concluyamos nuestra gestión (el 30 de noviembre), podamos tener una resolución” sobre los mismos, indicó el funcionario en encuentro con los medios de comunicación.

Ramírez indicó al respecto que dos de esos procedimientos son contra la empresa constructora brasileña y el otro es contra un servidor público de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya identidad no reveló debido a que todavía está en marcha un proceso deliberativo en ese tema.

Al preguntársele si el gobierno saliente le herederá al entrante el caso de los supuestos sobornos pagados por la empresa constructora brasileña a altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto, el funcionario acotó que más bien se lo transmitirá ya con resultados.

La SFP no ha sido pasiva. En el caso de Odebrecht no sólo han sido las ocho sanciones a las que ya me refería ni los tres procedimientos que vamos a dejar avanzados, sino que hemos llevado a cabo acciones para ejecutar las sanciones económicas contra los responsables de este presunto caso de sobornos millonarios, en el que se ha mencionado como supuesto responsable al ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Además de lo anterior, aseguró, conseguimos que el Servicio de Administración Tributaria trabara embargos a favor de las cuentas por cobrar de la empresa brasileña, y esto permitirá que eventualmente el gobierno entrante pueda recuperar gran parte del dinero que nosotros impusimos a título de sanción económica.

Ramírez Gutiérrez recordó que de las ocho resoluciones sancionatorias previas sobre el tema Odebrecht, cuatro han sido en contra de esa firma y otras cuatro han sido inhabilitaciones contra servidores públicos, de las cuales en dos se impusieron penas económicas por más de mil 86 millones de pesos, que son las más altas que ha determinado la SFP en su historia.

Con respecto al tema del socavón en el Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca, el funcionario reiteró que la SFP agotó sus indagatorias sobre el tema y sancionó a siete servidores públicos con los máximos castigos que le permite la ley.