La falta de armonización de las normas mexicanas con los estándares internacionales de protección a los pueblos indígenas provoca que 25 millones de integrantes de los pueblos originarios estén imposibilitados para ejercer sus garantías fundamentales, aseveró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el Estudio de seguimiento a la armonización normativa de los derechos humanos: derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, elaborado por el organismo, se asienta que la conciliación es apenas de 55.71 por ciento en el orden federal y de 62.68 por ciento en el estatal.

El análisis agrega que 10 entidades tienen avance global en la materia inferior a 60 por ciento, al no adecuar totalmente sus constituciones. Se trata de Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, que incumplen la obligación internacional de hacer efectivos, en toda su integridad, los derechos y libertades de las personas indígenas.

La cuarta visitadora general de la CNDH, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, presentó en un acto privado los resultados del reporte, según los cuales el mayor avance global de armonización se dio en Hidalgo y Chiapas, con 77.14 y 77.43 por ciento, respectivamente; Durango, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Tabasco, con 68.57, y Baja California, Chihuahua, estado de México, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa y Tlaxcala, con 65.71. Asimismo, en 62.86 por ciento están Guerrero, Quintana Roo, Yucatán y Nayarit, y en 60 por ciento, Campeche, Colima, Sonora y Veracruz.

Por derecho, los resultados son los siguientes: el respeto a la integridad de los pueblos y comunidades indígenas alcanzó 54 por ciento de armonización; a la no discriminación, 69, y a la participación de los pueblos indígenas, 70 por ciento.

Coincidieron además en 60 por ciento los derechos de estos pueblos a ser consultados, a decidir sus prioridades, a la libre determinación y autonomía, reconocimiento y protección de derechos y valores y a la igualdad de género, así como el derecho de las niñas y mujeres indígenas a ser valoradas y educadas libres de patrones, estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.