l golpe sobre la mesa dado por Andrés Manuel López Obrador, con el caso Texcoco como circunstancia propicia, ha acelerado la (re)organización de un flanco múltiple de oposición activa a quien todavía es presidente electo y a su partido dominante (y, ahora y en lo mediato, institucionalmente imparable) Morena.

En las redes sociales se está convocando a una concentración en el Ángel de la Independencia el próximo domingo 11 del undécimo mes, noviembre, a las 11 horas (11-11-11). A tal movilización se le denomina Marcha por el estado de derecho y está programada para avanzar hacia la Plaza de la Constitución (el Zócalo). Los promoventes invitan a manifestarse en torno a dos exigencias, No a consulta falsa y Sí a la legalidad, y piden a los participantes ir vestidos de negro, pues estamos de luto, y llevar cacerolas, pues somos ciudadanos de la sociedad silenciosa que despertó.

Esa convocatoria intenta nuclear a los variados segmentos empresariales, políticos y sociales que del uno de julio pasado, a la fecha, han carecido de argumentos y banderas para enfrentar al electoralmente avasallador obradorismo. Tan adelantados están los tiempos de los segmentos derechistas que aún no toma posesión López Obrador de la silla presidencial y ya se ha comenzado a mencionar al actual presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, como precandidato presidencial para 2024 a nombre de una coalición estructurada para salvar a la patria. El presunto precandidato es un abogado regiomontano, pero asentado en Mexicali, especializado en asuntos jurídicos empresariales.

Aun cuando los dirigentes formales de las cámaras y representaciones empresariales carecen de fuerza política y económica por sí mismos, pues suelen ser empleados o comisionados de grupos cuyos jefes, los verdaderos multimillonarios, no quieren perder el tiempo en gerenciar esas organizaciones, a De Hoyos Walther ya se le candidatea en función de un papel empresarial de redención que abiertamente le están pidiendo a ese sector algunos ciudadanos e incluso comentaristas de radio, una de las cuales ha exhortado a los magnates a poner orden en México.

A tratar de conjurar el enojo de los grandes capitales ha enviado López Obrador a tres piezas políticamente lastimadas. Nombró una comisión en la que participan Alfonso Romo, el enlace original con empresarios a quienes prometió una conducta de AMLO que no se ha cumplido conforme a esas ofertas, sobre todo en el caso del nuevo aeropuerto a construirse en Texcoco. Romo ha perdido, ante sus pares, el valor de la palabra empeñada y cumplida, lo cual le inhabilita para estas tareas de reconciliación que le han encargado. El futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, aparece distante o poco presente en el primer círculo obradorista, angustiado por el desfase entre los compromisos a cumplir a partir del uno de diciembre y la insuficiente disponibilidad presupuestaria. Y el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ha sufrido un fuerte desgaste a causa de pifias o desinformación técnicas y de una inocultable postura a favor de la opción de Santa Lucía.

López Obrador mantiene una postura que va de la tranquilidad a la ofensiva. Ayer, en un video, aseguró que las reacciones en contra de la consulta provienen de quienes esperaban hacer gran negocio en los terrenos del actual aeropuerto Benito Juárez, lo que habría sido un desarrollo inmobiliario al estilo del gran lujo de Santa Fe.

La clave del futuro, como ya se ha dicho aquí, pasa por los tribunales. Los adversarios del obradorismo esperan resoluciones judiciales que nieguen cualquier validez legal al ejercicio denominado consulta, especificando que no tiene ningún carácter vinculante. Otra salida la ha planteado el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid: que inversionistas nacionales y extranjeros le compren al gobierno la parte que se ha invertido en Texcoco, para desarrollar a título enteramente privado el mismo proyecto hasta ahora aparentemente desechado.

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