Buenos Aires. En un ambiente político, económico y social caldeado, con encuestas que advierten sobre una fuerte caída de la figura presidencial, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó este martes la prisión domiciliaria del ex comisario Miguel Etchecolatz, condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Buenos Aires durante la dictadura (1976-1983) con un voto en contra que correspondió al nuevo presidente de esa institución, el juez Carlos Rosenkrantz.

Este magistrado fue nombrado juez de la Corte junto con Horacio Rosatti por el presidente Mauricio Macri mediante un decreto al principio de su mandato, lo que provocó un fuerte escándalo, por lo cual se recurrió al Senado, que actuó bajo presiones oficiales y los confirmó. Este año, por acción del mandatario se le llevó a la presidencia de la Corte, cargo en que está desde el primero de octubre, luego de desplazar a Ricardo Lorenzetti.

Etchecolatz es el emblemático comisario que acompañó al fallecido general Ramón Camps –uno de los mayores genocidas del terrorismo de Estado impuesto entonces– y la semana pasada fue condenado en una cuarta causa a prisión perpetua. Estaba detenido en un penal de alta seguridad, cuando el año pasado en medio de otro escándalo fue enviado por un juez a prisión domiciliaria, con el rechazo masivo no sólo de los organismos de derechos humanos, sino de diversos sectores de la sociedad.

Ante esta situación fue trasladado a la cárcel de Ezeiza, y ante una presentación de su defensa el caso quedó en manos de la Corte, que finalmente revocó definitivamente la prisión domiciliaria.

Etchecolatz, quien manejó unos 20 centros clandestinos de detención, recibió en 2006 su primer condena a cadena perpetua en un tribunal de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y fue señalado porque una de sus víctimas, el obrero Julio López, desapareció cuando iba camino a declarar en ese juicio. Hasta hoy no ha sido encontrado, pero sí se investigó el accionar de Etchecolatz desde la cárcel ejerciendo su poder entre sus viejos cómplices para secuestrar y desaparecer al más importante testigo en su contra.

Por otra parte, la Corte sorprendió al confirmar que será procesado Luis Chocobar, el policía de la provincia de Buenos Aires que en diciembre de 2017 asesinó por la espalda a un joven delincuente (Pablo Kukoc, de 18 años) que huía después de robar a un turista herido por su cómplice que logró fugarse.

La decisión de Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de recibir a Chocobar y felicitarlo con un estoy orgulloso de que haya policías como usted, a pesar de que había violentado la ley, provocó el fusilamiento de otros jóvenes en distintos lugares del país, uno de ellos de 13 años por una confusión policial a lo que se agregó el asesinato por la espalda el año pasado de Rafael Nahuel, joven mapuche desarmado, a manos de la Prefectura en Río Negro, cuando huía de un violento operativo contra la comunidad originaria que defendía sus tierras ancestrales.

El presidente y sus funcionarios intentaron utilizar el caso para instalar lo que se llamó en los medios la doctrina Chocobar, que permitía disparar por la espalda ante una voz de alto.

Macri también expresó su descontento cuando en marzo pasado la Cámara Nacional de Casación mantuvo el proceso de Chocobar, a pesar de sus críticas, que fueron consideradas como presión a la justicia.