a decisión de cancelar el proyecto aeroportuario de Texcoco ha colocado al país en una situación tensa en las cúpulas y preocupante en los indicadores financieros y económicos, como resultado del primer duelo verdadero de fuerzas que se vive después de la peculiar e incruenta elección presidencial del pasado primero de julio y de una engañosa transición de terciopelo.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto a apostar a la alza (cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal lo hizo, en el caso administrativo y judicial que devino en un juicio de desafuero) y ha hecho que triunfe la opción necesaria (Santa Lucía) para la consolidación de su poder político verdadero (no sólo el derivado de la importante, pero no definitoria imposición de la banda tricolor en el pecho), opción sin la cual no podría darse en términos de funcionalidad presidencial su relación con los poderes empresariales y económicos y con la élite política no obradorista (salinismo, peñismo, priísmo, panismo y similares), subsistente y peligrosa aunque pareciera (hasta ayer) agazapada.

Las motivaciones y el objetivo político en el caso Texcoco-Santa Lucía ni siquiera necesitan grandes indagaciones: en dos palabras, expresadas en forma de interrogación, sintetizó Andrés Manuel López Obrador la esencia del fuerte diferendo: ¿Quién manda?. Tal es el punto central del tenso litigio: el mando, el poder.

Por ello, el tabasqueño se puso en modo memorioso y se desahogó al mencionar el ambiente de zozobra, de miedo, de los mercados financieros. Imagínense el Estado mexicano, democrático, de derecho al que aspiramos, supeditado a mercados financieros. Y lanzó las cuatro preguntas (4P) que sustentan su visión de lo que se ha llamado La cuarta transformación (4T): ¿Quién manda? ¿No es el pueblo? ¿No son los ciudadanos? ¿No es eso la democracia?

Así pues, el Texcocazo intenta ser una toma del poder presidencial antes de tiempo (no el primero de diciembre: en realidad, ha sido un proceso desatado a partir del martes siguiente al domingo electoral de julio), sin chivos expiatorios individualizados, pero sí con un seco golpe a la complicidad histórica entre políticos y empresarios. Romper, para estabilizar, escribió el histriónico José López Portillo, entonces presidente de la República, cuando botó bajo disfraz de embajador en Australia, Nueva Zelandia y las Islas Fidji a Luis Echeverría, su antecesor que pretendía mantener cuotas de poder.

Ha de suponerse (por lo que revela el fraseo obradorista reproducido líneas atrás, por su arquitectura mental) que si hubiera ganado la opción de Texcoco habría significado casi la temprana rendición del proyecto obradorista. Sólo con Santa Lucía como triunfadora podría haber dicho lo que ayer: Ese es el cambio (...) se acabó el predominio de una minoría y la vinculación de poder económico y político, la toma, que el gobierno esté secuestrado, sólo al servicio de un grupo. El gobierno es de todos, representa a todos y estoy seguro de que se va a ir entendiendo, cuesta trabajo, porque no termina de desaparecer lo antiguo, lo viejo, lo anacrónico.

Obviamente, estremecer el avispero histórico no es algo que pueda quedar sin consecuencias. Dirigentes de cámaras empresariales expresaron un abierto rechazo a la cancelación de Texcoco y organismos internacionales de calificación crediticia emitieron acuerdos que colocan bonos, acciones y expectativas de México a la baja. Enrique Peña Nieto advirtió que se necesitarán partidas presupuestales especiales para pagar por la mencionada cancelación y, en un gesto que le habilita como aspirante a héroe de la derecha despechada, ha dicho que la concesión y la ejecución de las obras en Texcoco se mantendrán hasta el último día de su mandato.

El paso adelante dado por López Obrador puede ser el primero de una fibrosa consolidación de su poder político, pero también puede ser contenido o anulado por el poder económico y político que le es adverso y que ahora tiene plena y nueva confirmación práctica del riesgo que sus intereses corren.

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