El secretario de gobierno, César Jáuregui Robles, segundo al mando en el estado de Chihuahua, condenó el homicidio del activista y defensor de los derechos humanos, Julián Carrillo Martínez, perpetrado la noche del miércoles en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo.

En tanto, Isela González Díaz, directora ejecutiva de la organización Alianza Sierra Madre –en la cual militaba Carrillo–, subrayó que en esa zona de Chihuahua han sido asesinados siete defensores del ambiente en los últimos tres años. “Su homicidio se inscribe en un clima de violencia en la sierra Tarahumara contra organizaciones ambientalistas y comunidades por parte de grupos armados y mineras, ante la inacción de las autoridades estatales y federales, dijo.

Jáuregui Robles dijo que hubo una falla en el teléfono satelital que tenía Carrillo Martínez como parte del protocolo de protección de defensores de derechos humanos, al cual fue incluido el 20 de febrero de 2014, por lo que pidió a la Federación más apoyo para reforzar los mecanismos de defensa en el estado.

Encabezó litigio por tierras

Detalló que el activista encabezaba junto con indígenas de la comunidad de Coloradas de la Virgen, un litigio ante el Tribunal Unitario Agrario distrito 5 para ser reconocidos como legítimos propietarios de su territorio ancestral y una porción del bosque en los límites de Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Cuatro familiares de Julián Carrillo fueron ultimados por su lucha; otros activistas habían pedido la nulidad de los permisos de aprovechamiento forestal que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó a pobladores mestizos en ese territorio indígena.

El Tribunal Superior Agrario resolvió un litigio similar en favor de la comunidad rarámuri de Choréachi, aledaña a Coloradas de la Virgen, donde también se lucha por la protección de las tierras y los bosques ancestrales y cuya demanda acompañaron los mismos abogados que asesoraban al activista.

La Fiscalía General del Estado detalló que caciques de la región dedicados a extraer madera son investigados en relación con el crimen de Julián Carrillo.

En tanto, las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos y la ONU también condenaron el homicidio y exigieron una investigación amplia y transparente. Pidieron reforzar las medidas de protección para la familia de Carrillo Martínez.