Guadalajara, Jal., El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), cuyos integrantes sesionaron desde el lunes pasado en Guadalajara, emitió ayer una sentencia favorable a las comunidades de Mezcala y San Pedro Itzicán, municipio de Poncitlán, Jalisco, junto al lago de Chapala, para que el Estado mexicano cumpla su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acceso al agua, al saneamiento y a un medio ambiente sano.

La resolución se dio luego de la denuncia presentada por la comisaría de bienes comunales de Mezcala y pobladores de San Pedro Itzicán, dada la alta incidencia de enfermedades renales y cancerígenas, discapacidades, malformaciones genéticas y complicaciones de aprendizaje que padecen habitantes jaliscienses y michoacanos que viven en la ribera del lago de Chapala, el vaso lacustre más grande del país.

El Foro Socioambiental de Guadalajara, que junto con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) asesora a los pobladores de Mezcala y San Pedro Itzicán, señaló que existen 3 mil 285 personas afectadas por la contaminación del lago, donde prevalecen las enfermedades renales.

El jurado integrado por Philippe Texier, presidente del TLA; David Velasco Yáñez y Alejandro Mendo, ambos académicos del Iteso; los especialistas Aldo González Rojas, Fernanda Paz Salinas, Patricia Ávila y Rubén Darío Monsalve, resolvió que el Estado mexicano debe intervenir para sanear una cuenca que inicia en las montañas del estado de México y culmina en el oceano Pacífico en el estado de Nayarit, cuenca que incluye los ríos Lerma y Santiago, así como el lago de Chapala.

Agustín Verduzco Espinosa, uno de los abogados de las comunidades perjudicadas, dijo que las afectaciones a la salud de los pobladores se encuentran relacionadas con la calidad del agua del lago, según resultados técnicos-científicos; no obstante, las autoridades consideran pruebas insuficientes para demostrar científicamente el nexo entre la contaminación y las enfermedades que padecen los pobladores de la ribera norte de Chapala.

El TLA atendió el principio precautorio solicitado por los demandantes, el cual señala que la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces que impidan la degradación del medio ambiente y se evite cumplir la obligación del derecho a la salud de las personas.

Ordena habilitar pozo

El tribunal latinoamericano instó a habilitar un pozo para dotar de agua no contaminada a la población de San Pedro Itzicán e instalar una red de agua a la mitad de la comunidad que aún no la tiene, como han exigido desde hace un par de años los pobladores a las autoridades estatales y municipales sin que hasta ahora se haya resuelto su exigencia.

Los estudios tomados en cuenta en la resolución incluyen casos documentados donde la contaminación del lago es alta en Cuitzeo, Santa María de la Joya, la Zapotera, San José de la Pila Chica, el Chalpicote y Agua Caliente.

Destacó que la comunidad de Aguacaliente cuenta con el segundo lugar mundial en enfermedad renal, pues de mil 500 habitantes, al menos 900 están enfermos, muchos de ellos niños, cuando se trata de un padecimiento que suele surgir entre los 50 y 60 años de edad.

La contaminación en Chapala fue uno de los ocho casos sobre los que deliberó el TLA y que incluyó denuncias de pueblos indígenas que habitan los márgenes de los ríos Bacanuchi y Sonora, en la cuenca Atoyac-Zahuapan, y en los valles de Oaxaca, además de la población maya del lago Atitlán y los pueblos chorti y mestizo de Zacapa y Chiquimula, en Guatemala, de comunidades de Antioquía, en Colombia y de la provincia de La Pampa, en Argentina.

Philippe Texier recalcó que el agua constituye un problema en todas las partes del mundo y que por el cambio climático hay sequías, inundaciones y fenómenos que afectan a todas las poblaciones. Subrayó que la situación ambiental en lugar de mejorar ha empeorado, ante la desatención de las autoridades latinoamericanas.