A principios de este mes se presentó en el Senado una iniciativa para rotar cada seis años a jueces y magistrados, y hace unos días se promovió una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para evitar casos de nepotismo.

Los legisladores sostienen que la institución judicial requiere una sacudida, mientras que los impartidores de justicia han respondido que la institución en la que laboran es más que unos cuantos servidores corruptos; sin embargo, un estudio reveló que 50 por ciento de los juzgadores tienen al menos un familiar en áreas administrativas o jurídicas.

Lo difícil, señalan funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), será acreditar que las contrataciones fueron hechas como pago por favores entre juzgadores, y que ello se trata en realidad de tráfico de influencias y actos de nepotismo, porque en muchos casos aunque los apellidos se aparecen una y otra vez en el mismo circuito (área de adscripción) o en entidades diferentes, las asignaciones se realizaron de manera cruzada, es decir, una plaza a cambio de otra, bajo acuerdos personales entre jueces y magistrados.

Desde 2017, Felipe Borrego Estrada, integrante del CJF, dio a conocer el Estudio sobre redes familiares y clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal, la investigación se realizó de enero de 2016 a enero de 2017, y concluye que casi 50 por ciento de los jueces y magistrados tienen familiares en la estructura del Poder Judicial, y que las plazas fueron asignadas por cuestiones afectivas, interés político o económico.

En respuesta a distintos cuestionamientos y críticas –además de las acciones que ya han emprendido los jueces y magistrados para obtener asesorías para defenderse de los cambios–, el presidente del CJF, el ministro Luis María Aguilar, ordenó el 27 de septiembre una investigación para “identificar relaciones o vínculos de índole familiar entre servidores públicos e informar sus resultados al pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Cada juez y magistrado recibió el oficio CJF-UIRA/2488/2018 –del cual posee copia La Jornada–, en el que se les pide que de manera voluntaria (por ahora) proporcionen los nombres y cargos que detentan sus familiares en juzgados y tribunales, antes de que la indagatoria coloque a cada uno en posibilidad de ser investigado de manera directa y especifique la manera en que fueron contratados ellos y sus parientes.

La Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF inició el expediente J751/2018, y ordenó que en un plazo de tres días todos los jueces y magistrados dieran a conocer si tienen relación conyugal o de concubinato o bien, vínculo de parentesco consanguíneo o por afinidad con algún servidor público adscrito a juzgados de distrito, tribunales de circuito o áreas administrativas del CJF, o que lo hubiere sido en los pasados cinco años.

En el oficio se señala que aquellos que se encuentren en esas circunstancias precisen el nombre de la persona con que tenga relación o vínculo, el tipo genérico cónyuge, concubina, padre, hijo, sobrino, primo, yerno, etcétera, así como el grado de parentesco que corresponda.

El tema del nepotismo en el Poder Judicial y el interés de legisladores que forman parte de las bancadas de Morena para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para frenar las contrataciones de familiares hasta en cuatro grado y que magistrados y jueces sean cambiados de adscripción cada seis años ha generado molestia en toda la institución judicial.

La primera propuesta formal de reforma a la Ley Orgánica del PJF se presentó el 4 de octubre por parte del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y en ella se plantea cambios al artículo 120 en el que se establecen los requisitos de permanencia y adscripción para jueces y magistrados.

El 11 de octubre nuevamente los integrantes de Morena presentaron una propuesta para reformar los artículos 112 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que no se autorice que jueces y magistrados realicen contrataciones de familiares hasta en cuarto grado en instancias de ese sector.

Ante ello, los impartidores de justicia han solicitado la intervención de la Comisión Conjunta para Garantizar y Fortalecer la Autonomía e Independencia del Poder Judicial de la Federación (integrada por dos ministros, el presidente de la Corte y dos consejeros de la Judicatura), y se frene lo que considera es una puerta a la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo en su organización interna.