Un juez en materia mercantil giró un oficio para que se levante de manera inmediata la orden de restitución de bienes que había sido emitida por un juzgado penal en favor de los acreedores de la empresa Oro Negro, la cual sirvió de argumento para que un representante legal de los acreedores irrumpiera en una plataforma petrolera a bordo de un helicóptero el domingo pasado.

El oficio girado por un juez de distrito ordenó que antes de este viernes, el juez Enrique Cedillo levante la orden que le otorgó a los acreedores para tomar posesión de cinco plataformas petroleras localizadas en Campeche.

En virtud de que Perforadora Oro Negro se encuentra bajo concurso mercantil, las cinco plataformas son activos esenciales para la viabilidad de la empresa, por ello no debe tener efectos la ejecución de restitución de bienes que emitió el juez Cedillo, dijo en una entrevista Jesús Guerra, asesor legal en materia mercantil de Oro Negro.

El plazo de 24 horas, que se cumple este viernes, ordena la suspensión de cualquier acto de ejecución de la orden de restitución y, en caso de que se haya ejecutado, se deje sin efectos y devuelvan la plataforma a Oro Negro, agregó.

La resolución incluye la orden para que se bajen los piratas, dijo Guerra, en alusión al apoderado legal de los acreedores Ricardo Contreras, quien subió a la plataforma Decus el domingo en un helicóptero y que permanece ahí como parte del mandato del juez Cedillo.

La resolución de este jueves señala que Oro Negro no puede ser privada de sus bienes, posesiones o derechos, agregó Guerra. Resulta necesario –señala el documento– que dentro del concurso mercantil “se mantengan en posesión de Perforadora Oro Negro las plataformas marinas Primus, Laurus, Fortius, Decus e Impetus”.

Con esta nueva resolución Oro Negro obtuvo dos decisiones favorables para no ser despojada de las cinco plataformas. El martes, una juez en Nueva York otorgó un recurso que obliga a los acreedores a desistirse de cualquier acción encaminada a tomar posesión de las plataformas y en caso violar dicho recurso los actuantes serán objeto de sanción bajo las leyes de ese país.

La nueva orden apercibe al juez Cedillo a levantar su resolución a favor de los acreedores o se le impondrá una multa de poco más de 24 mil pesos por desacato a un mandato judicial.

La resolución fue girada al juez de control del sistema procesal penal acusatorio de la unidad de gestión judicial nueve del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Enrique Cedillo, así como al agente del Ministerio Público adscrito a la unidad de investigación número 6, de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Pgjcdmx.

Este diario buscó un comentario de los abogados que representan los intereses de los acreedores de Perforadora Oro Negro, pero no hubo respuesta.