Pobladores de El Contadero, en Cuajimalpa, insisten en rechazar que el nuevo hospital general de la demarcación sea construido sobre el lecho del río Tacubaya, como insistentemente han anunciado el actual jefe de Gobierno de la capital, José Ramón Amieva Gálvez, y su sucesora, Claudia Sheinbaum.

Los habitantes señalan que el 3 de octubre el juez primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, admitió el quinto amparo indirecto contra la construcción. El inmueble, dentro del territorio de El Contadero, habrá de sustituir al nosocomio materno infantil destruido por una explosión de gas el 29 de enero de 2015.

La demanda que determinó el juicio de amparo busca la defensa de los derechos colectivos y medioambientales, así como la protección a la salud de los habitantes de la Ciudad de México ante actos de autoridad de 48 servidores públicos, entre ellos el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco; el oficial mayor, Jorge Silva Morales; el contralor, Eduardo Rovelo Pico, y el procurador ambiental, Miguel Ángel Cancino, declaró a La Jornada Bernar Flores, vocero de la organización civil Kosmo Publicus, que representa a los pobladores de El Contadero, quienes ya objetaron ante el Poder Judicial Federal la segunda convocatoria de licitación para la construcción del hospital, publicada el 20 de septiembre pasado en el sistema CompraNet y en el Diario Oficial de la Federación.

El certificado de necesidad del director de Planeación y Desarrollo en Salud, que avalaría la construcción, violenta la Ley General de Salud, pues no consideró que en los dos predios para la obra cruza el río Tacubaya, que es zona federal. Además, en los perímetros de escuelas, jardines de niños y zonas habitacionales se prohíben establecimientos que impliquen un daño a la salud por fuentes de radiación con energía ionizante y almacenamiento de gas LP.

Los inconformes argumentan que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) omitió el acto administrativo del registro del proyecto de inversión, lo cual fue acreditado en febrero de 2018 por la titular de la unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda.

Esto violaría la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. A su vez, la directora general de financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) ratificó en uno de los juicios de amparo que la construcción del hospital de Cuajimalpa se ha programado, planeado, financiado y ejecutado sin el registro del proyecto de inversión que marca la ley.

El gobierno de la Ciudad de México adjudicó la primera licitación sin las resoluciones de autorización del impacto ambiental que otorgan las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal (Semarnat) y capitalina (Sedema). Del mismo modo, carecen del dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Según documenta Kosmus Publicus, el director general de Obras Públicas, César Alejandro Puente Guerrero, carece de personalidad para publicar las convocatorias de licitación para construcción del hospital general. Ni Miguel Ángel Mancera ni su sucesor en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Amieva Gálvez, han publicado en la Gaceta Oficial el acuerdo delegatario de una facultad del titular del gobierno. Además, se omitió la consulta previa, libre e informada a la población de El Contadero.

Aunque la obra se suspendió en enero de 2017, el secretario de Obras capitalino, Édgar Tungüí Rodríguez, permitió que Prodemex continuara la construcción hasta junio de 2017 y, en contubernio con el Seguro Popular y la titular de Sedema, Tanya Müller García, otorgó pagos por casi 12 millones de pesos, concluye la denuncia.