Al recibir las conclusiones de los foros escucha, el gabinete de seguridad del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, definió los primeros pasos hacia la política de pacificación y reconciliación nacional, con las garantías de atención a víctimas, reparación del daño, amnistía y no repetición.

Hallar a desaparecidos, la mayor deuda moral

Una de las conclusiones, dada a conocer por Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, se basa en que el perdón de las familias no implica perdón de Estado. En tanto que Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, dijo que en el país violento y dolido que recibirá la próxima administración, la mayor deuda moral del Estado es encontrar a los miles de desaparecidos y hacer frente a los feminicidios que en México se han convertido en pandemia, entre otros delitos.

Sostuvo que a lo largo de dos meses y medio que duraron los foros, escucharon las voces fuertes, el reclamo justo, el grito doloroso de miles de familias que viven en la violencia y que reprochan la indiferencia del Estado. Esto va a cambiar, el próximo gobierno asume desde una visión de política pública la respuesta a años de violencia, abandono a la justicia y violación de derechos humanos. Tenemos estos foros, mesas de reparación de justicia transicional y de comisiones de la verdad, aseguró.

Por su parte, Durazo sostuvo que como el país está lleno de víctimas, es urgente establecer mecanismos de escucha y acompañamiento sicológico y jurídico para ellas, además de que necesitamos políticas de prevención de largo plazo.

Reconoció que víctimas directas o indirectas que narraron sus procesos particulares para sentirse aliviadas, aseguraron que el dolor y el anhelo de justicia les impide alcanzar primero la paz consigo mismos y después con sus agresores, por lo cual recomendó un trabajo más profundo de clarificación y diálogo antes de hablar de amnistía.

Para ese objetivo, propuso un consejo nacional para la paz y anunció la presentación de una iniciativa de ley orientada a ese objetivo y a la reconciliación. También planteó la creación de un sistema de protección a la integridad física, patrimonial y sicosocial para las personas que salen de su lugar de origen por amenazas, hostigamiento o intento de homicidio de grupos criminales.

En su oportunidad, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó que la reconciliación no debe ser incompatible con el acceso a la justicia y el derecho a la verdad, y que el respeto y aplicación de la ley tampoco debe verse como obstáculo para la construcción de la paz y los procesos de reconciliación.

Requerimos una transición a la genuina legalidad como condición necesaria para la construcción de la paz. La coyuntura actual abre la oportunidad no sólo de escuchar a las víctimas, sino de atenderlas, acompañarlas y hacer efectivos sus derechos, afirmó.

Antonino de Leo, en representación de Yuri Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ofreció la experiencia y asistencia técnica del organismo al próximo gobierno, bajo la premisa de que las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y a la no repetición.

Nuestra experiencia nos permite afirmar que el camino hacia la reconciliación nacional no será corto ni fácil de recorrer; se podrá avanzar si todos los actores dejan de lado sus visiones y caminan juntos, unidos, con la mirada firme hacia un horizonte común, advirtió.