En sus 30 años de historia, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) ha dado seguimiento a decenas de casos en los que se han vulnerado las garantías fundamentales. Varios han impactado en la construcción de la agenda –institucional, social y jurídica– en la materia en el país y cobraron fuerte trascendencia en el ámbito internacional.

Represión a opositores políticos, despojo territorial, abusos contra migrantes, crímenes de la guerra sucia, ejecuciones arbitrarias, víctimas de tortura y mujeres agredidas sexualmente por agentes del Estado están en la gama de temáticas que esta organización civil ha defendido.

Su primer caso fue el de unos pescadores de Acapulco acusados de matar a una pareja para robarles su vehículo. Los abogados del Prodh comprobaron que los señalamientos contra ellos estaban manipulados, y se logró su liberación. Su labor fue fundamental para develar los trágicos crímenes durante la llamada guerra sucia. El Prodh llevó incluso a instancias internacionales varios casos de desapariciones forzadas cometidas durante este periodo.

La consolidación del modelo neoliberal en México trajo abusos contra comunidades que defienden sus territorios. En 1999 fueron detenidos y torturados los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. El equipo del Centro Prodh logró su liberación y que en 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) emitiera criterios orientados a la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura.

Asimismo, defendió a tres indígenas ñañú acusadas del secuestro de policías federales en Querétaro. Tras años de labor, logró que se les dictara el acto de libertad. A la par, en Prodh acompaña a 11 mujeres que fueron torturadas sexualmente por policías durante los operativos en San Salvador Atenco –en mayo de 2006– y que decidieron romper el silencio para buscar justicia ante la CorIDH.

Ahora trabaja dos de los casos más emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos cometidas en este sexenio: la ejecución arbitraria de entre 12 y 16 civiles en Tlatlaya, estado de México, y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.