El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, destacó que, según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), existen 6 mil 500 empresas fantasmas que han cometido fraudes, los cuales ascienden a más de 74 mil millones de dólares, es decir, casi 5 por ciento del producto interno bruto (PIB).

El legislador indicó que mañana presentará una iniciativa para frenar las operaciones financieras de las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno con este tipo de entidades.

La propuesta de Monreal son reformas al Código Fiscal Federal; a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a la Ley de Obras Públicas y Servicios. Refirió que la iniciativa establecerá la prohibición de celebrar contratos que involucren dinero público con empresas que el SAT haya identificado como irregulares, conocidas como entidades fantasma.

Con las modificaciones a esas leyes, dijo, se creará un padrón único de contratistas y proveedores confiables, que tendrá el fin de garantizar la contratación de personas físicas o morales con capacidades legales, técnicas y administrativa; al mismo tiempo, se podrán prevenir e identificar actos u omisiones, irregularidades y operaciones ilícitas en el contexto de los procedimientos de contratación, implementación y ejecución de los contratos respectivos.

Prevé que con las reformas que propondrá a las leyes y ordenamientos referidos se ampliará el catálogo de sujetos obligados impedidos para celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas.

Actualmente, dijo, la ley sólo regula las contrataciones realizadas por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; la iniciativa que presentará, agregó, incorporará a sus homólogas de las instancias federativas y los municipios, así como las alcaldías de Ciudad de México, sus dependencias y entidades.

También incluirá a la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales; a los poderes Legislativo y Judicial; a los organismos constitucionales autónomos; a las empresas productivas del Estado, y a cualquier otro ente público sobre el que alguno de los poderes y órganos públicos tenga control.

En tanto, el senador de Movimiento Ciudadano Samuel García dijo que en 2016 por la emisión de facturas falsas se evadió el pago de impuestos por 510 mil millones de pesos.

Asimismo, la senadora panista Minerva Hernández pidió elaborar un marco jurídico que permita el combate frontal a este problema. Este tipo de prácticas, dijo, ha significado para las finanzas públicas un ciclo pernicioso que involucra a quienes constituyen empresas fantasmas, con el cobijo de funcionarios fiscales y fedatarios públicos corruptos; a quienes venden facturas que amparan operaciones materialmente inexistentes, y a los que compran esos comprobantes para darles efectos fiscales, a fin de reducir la base gravable del impuesto.