La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tiene sólo una veintena de agentes especializados en elegibilidad para atender y analizar las solicitudes de refugio en todo el país, lo cual la coloca en situación de colapso, advirtieron abogados de organizaciones no gubernamentales.

Hasta el mes pasado, esta comisión había recibido cerca de 15 mil peticiones, cantidad sin precedente en el sexenio. El 45 por ciento son de migrantes originarios de Honduras.

Hace cinco años, en 2013, recibió –de todas las nacionalidades– mil 296 solicitudes.

Falta de recursos

A pesar del crecimiento exponencial de casos, su presupuesto anual, durante el sexenio en curso, permanece prácticamente en el mismo nivel: 25 millones en promedio, y no cuenta con recursos adicionales para el soporte –como marca la ley– de los extranjeros a los que otorga autorización de permanecer en el país.

Es un organismo en situación de colapso, dijo la directora de la asociación civil Sin Fronteras, Ana Saiz.

Ante la presencia en México de la caravana de personas procedentes de Centroamérica, unos 6 mil según cálculos gubernamentales, pidió que se atienda la situación de la Comar, la cual se quedó hace un par de semanas sin titular.

Según versión de grupos civiles y de fuentes de la Acnur, dejó el cargo Elizabeth Cataño Navarro, quien antes de llegar a la Comar fue abogada general del Fonacot, un instituto para dar créditos a los trabajadores.

Señalaron que hay extranjeros que siguen esperando una respuesta de la comisión, pese a que la ley marca para ello un plazo máximo de 45 días.

La Comar debe tener una titular especialista en los temas de asilo y protección internacional; la comisión es muy importante y no debe ser minimizada por Gobernación, dijo en entrevista Saiz.

Según datos recabados por este diario, hasta el año pasado la Comar tenía una plantilla laboral general de 90 trabajadores, incluido aquí al personal administrativo, jurídico y de otras áreas, así como 35 plazas auspiciadas por Acnur.

Tras la conclusión de esa colaboración de esa agencia de las Naciones Unidas, la comisión se quedó con una veintena de analistas de solicitudes quienes deben hacer una investigación, entrevistas y documentan cada respuesta positiva o negativa a un extranjero.