El Tren Maya será proyectado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entidad gubernamental que opera prácticamente en quiebra desde hace por lo menos seis años y ha sido objeto de diversas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en sus fiscalizaciones al poder público.

Pese a esa circunstancia, Miguel Torruco Marqués, designado para ocupar la titularidad de la Secretaría de Turismo (Sectur), dijo desconocer en qué condiciones financieras recibirá el próximo gobierno el Fonatur.

El futuro secretario dijo que el Fonatur será el encargado del diseño del Tren Maya y de los productos turísticos que se ofertarán dentro de esa obra, considerada la más importante de la siguiente administración federal y que requerirá 150 mil millones de pesos, que es la cantidad más alta en la historia del turismo en México.

Según Torruco Marqués, los gobernadores de los cinco estados por donde atravesará el Tren Maya respaldaron el proyecto. Agregó que éste va avanzado para que al comienzo de la próxima administración se proceda a las licitaciones.

Torruco Marqués admitió que Carlos Urzúa, futuro secretario de Hacienda, analiza los modelos de financiamiento, que serían diferentes a los que se utilizan para la promoción turística de los destinos nacionales.

La situación financiera

Rogelio Jiménez Pons fue designado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, próximo director general del Fonatur, organismo gubernamental que diseñó los centros integralmente planeados (CIP) de Cancún, Quintana Roo, en los años 70 del siglo pasado, así como los de Huatulco, Oaxaca, y Los Cabos, Baja California Sur.

El Fonatur genera proyectos turísticos en condiciones de sustentabilidad, competitividad, productividad, integralidad y preservación del equilibrio ecológico, y fomenta la inversión turística y la venta de terrenos a inversionistas.

Bajo esa condición, el fondo opera al borde de la quiebra desde el sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

En 2008 el entonces director del Fonatur, Miguel Gómez Mont, anunció un recorte de 20 por ciento del personal del organismo para evitar la quiebra financiera.

Sin embargo, el proyecto sexenal de Calderón incluía la construcción de un CIP más grande que el de Cancún en las playas del municipio de Escuinapa, sur de Mazatlán, Sinaloa, para lo cual se contrató un préstamo por mil 200 millones de pesos con la banca de desarrollo para la compra de mil 600 hectáreas.

De esta manera, Calderón heredó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto un Fonatur desarticulado y en problemas financieros, y con recursos muy limitados para atender y mantener los CIP de Cancún, Ixtapa-Zihuatanejo y Los Cabos.

La situación financiera del Fonatur se agravó con la instrucción de desarrollar el CIP de Sinaloa. Al inicio del sexenio de Peña, el fondo enfrentaba pasivos superiores a 4 mil 600 millones de pesos y sus recursos anuales ascendían a apenas mil 600 millones.

La ASF constató la crítica situación financiera cuando señaló que el Fonatur destinó 54 pesos por cada 100 al pago de deudas y costos financieros durante 2013, circunstancia que, afirmó, significaba un escenario desfavorable para el organismo.

Además de la deuda contraida durante la administración calderonista, el Fonatur tuvo una caída de ingresos por la venta de terrenos.

Según la Auditoría Superior, el Fonatur reportó ingresos por mil 527.4 millones de pesos por ese concepto en 2008 y cayeron a 311.8 millones en 2012.