El presidente Enrique Peña Nieto tiene de plazo hasta hoy para presentar observaciones a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en la que se fijan topes a los salarios y prestaciones de los funcionarios de nivel medio y alto y se eliminan las pensiones a los ex presidentes de la República.

La reforma fue aprobada el pasado 13 de septiembre en la Cámara de Diputados, pero se remitió hasta siete días después al Ejecutivo para su promulgación, es decir, el 20 de septiembre, según consta en el oficio recibido por la Secretaría de Gobernación (SG).

En ese documento, dirigido al titular de la SG, Alfonso Navarrete Prida, por las secretarias del Senado, Antares Vásquez Alatorre y de la Cámara de Diputados, Karla Yuritzi Almazán, se pide la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución.

En el oficio hay un sello de recibido del 20 de septiembre y de acuerdo con el artículo 72 constitucional, el Presidente de la República cuenta con 30 días naturales para formular observaciones y proponer cambios al articulado de esa ley. De no hacerlo hoy, en que se cumple el plazo, cuenta con 10 días para promulgar la ley.

“Transcurrido ese segundo plazo, la ley será considerado promulgada y el presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Esa disposición se instauró en la Carta Magna luego de una reforma en 2010 para evitar el llamado veto de bolsillo, que hasta entonces podía llevar a cabo el presidente de la República y dejaba congeladas leyes o modificaciones que no eran de su agrado.

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos es parte fundamental del programa de austeridad que pondrá en marcha el próximo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que marca que ningún servidor público podrá percibir ingresos superiores a los del Presidente de la República, con lo que se acabará con percepciones millonarias para la alta burocracia y los ingrantes de los poderes Legislativo y Judicial.

Desde su discusión en la la Cámara de Diputados, donde la minuta estuvo congelada tres años, hubo resistencias para aprobar la ley. Legisladores de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano insistieron en que se pospusiera la votación, para hacerle cambios, pero Morena y sus aliados se impusieron.

Transcurrido un mes de que se aprobó la norma, el presidente Enrique Peña Nieto debe decidir este sábado si la promulga así o le formula observaciones.