Ante el avance de la Caminata Migrante en la frontera sur (integrada por unas 6 mil personas, según cálculos del gabinete de seguridad), el gobierno federal indicó que toda forma de violencia rompe los acuerdos alcanzados previamente con los representantes de esta movilización, iniciada el 13 de octubre en San Pedro Sula, Honduras.

La Secretaría de Gobernación (SG) aseguró que el personal de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración (INM) se encuentra desarmado.

Hasta anoche, los funcionarios de la política interior de México desconocían cuántos migrantes solicitarían refugio al Estado mexicano, pero lamentaron que pusieran como escudo humano a mujeres embarazadas y niños.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), una pequeña oficina dependiente de la SG –con escaso presupuesto y personal mínimo– es la encargada de recibir las solicitudes de protección de los integrantes de la caravana que así lo deseen. Mientras la Comar resuelve las peticiones (la ley marca un plazo máximo de 45 días), los extranjeros deberán permanecer en estaciones migratorias.

El INM subrayó que la ley no prevé ningún permiso para ingresar a México sin cumplir con los requisitos y posteriormente dirigirse a un tercer país.

También destacó que se atiende a todos los extranjeros que pretenden, de manera ordenada y segura, ingresar a territorio nacional.

Destacó el compromiso de recibir las solicitudes de los migrantes provenientes de Honduras y darles trámite conforme a las leyes mexicanas, con el objetivo de cumplir los acuerdos establecidos en días anteriores con las personas que, desde Centroamérica, pretenden ingresar a nuestro país.

Los agentes federales de migración, precisó, no han dejado de informar a dichos extranjeros los procedimientos que deben llevar a cabo para tramitar su ingreso legal a México, contando en este proceso con el acompañamiento de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual testifica el actuar de los agentes de migración y de la Policía Federal.

En el municipio de Ciudad Hidalgo, Chiapas, personal del INM atiende a los migrantes y procesa sus solicitudes de ingreso. Asimismo, auxilia a la población vulnerable (mujeres y niños) que lo requiera, aseguró la dependencia federal.

De los 32 mil 664 hondureños repatriados este año, 20.2 por ciento son niños y adolescentes.

A escala general, la devolución de hondureños creció 64.9 por ciento de enero a agosto de este año respecto del mismo periodo de 2017, según cifras oficiales de la SG. En cuanto a los menores de edad, 4 mil 187 son hombres y 2 mil 416 mujeres.

Además de los niños y adolescentes, la devolución de adultos se divide en dos rubros: retorno asistido y deportación. En el primer caso fueron 25 mil 816 hondureños y en el segundo, 245, durante los primeros ocho meses de 2018.

La repatriación se aplica cuando el extranjero no cumple los requisitos para la permanencia regular en México, mientras la deportación se ejerce cuando el migrante viola la ley.