a moratoria urbana que atinadamente solicitó al Congreso de la ciudad la diputada de Morena, María de Lourdes Paz, para detener la plaga de construcciones con mayor o menor grado de irregularidad que proliferan por toda la capital debería iniciarse por frenar una extraña obra que se empieza a levantar sobre lo que era la estación del Metro Villa de Cortés.
Hace más de un año se demolió la entrada a esa estación; las escaleras y el puente de acceso al anden fueron derribados y los sustituyeron por improvisadas y peligrosas estructuras metálicas y el emblemático Parque Victoria, que se encuentra en el lado oriente de Tlalpan y que se ha usado como parador de descanso de peregrinaciones y lugar de práctica de danzas prehispánicas, espacio adornado con una fuente art nouveau y frecuentado por vecinos, en especial niños, se cercenó para cercar el terreno donde estaba la estación, parte del parque simplemente se cerró al público y la otra se encuentra en muy mal estado por vehículos que llevan material y trabajadores: se talaron algunos árboles, se dañaron los demás y los prados desaparecieron.
Los vecinos de las colonias aledañas se han opuesto a la obra y por eso se han enterado de que es la primera de un programa más amplio planeado desde hace tiempo para construir, en cada una de las estaciones de la línea dos del Metro –desde San Antonio Abad hasta General Anaya– nada menos que nueve estaciones y en cada una dos edificios por estación, de ocho pisos cada uno para consultorios, despachos u oficinas en general y hasta 30 locales comerciales en los pasos por los que los usuarios del Metro ingresan al anden.
Las rentas que produzcan los locales comerciales de puentes, andenes así como los despachos y consultorios de los edificios que se quieren construir serán en beneficio de la empresa particular que consiguió el mencionado permiso, mientras que el gobierno sólo recibirá una pequeña cantidad mensual, que se sabe será casi simbólica.
No se trata de uno de los tantos negocios de las inmobiliarias que consiguen licencias dudosas para levantar grandes conjuntos de departamentos en calles inadecuadas y sin consulta alguna a los vecinos, éste es otro asunto. Varias estaciones de la línea dos se encuentran en la alcaldía de Benito Juárez, en cuyo territorio, según informó hace unos días Rocío González Alvarado, reportera de La Jornada, se construyen más de 3 mil obras nuevas y hay cuando menos mil 833 denuncias vecinales en contra de ellas. Me consta que lo mismo en avenidas que en calles muy angostas, sin atender para nada el impacto que tienen en los servicios públicos, en el tránsito, en la distribución del agua, recolección de basura y en otros renglones de la vida cotidiana de nuestra ciudad, aparecen de la noche a la mañana maquinaria, camiones con varillas, revolvedoras de cemento, arena y ladrillos; ante el asombro y molestia de vecinos, en espacios inadecuados y peligrosos, se construyen para vender a precios altísimos diminutos departamentos, locales comerciales y hasta espacios para anuncios espectaculares.
El crecimiento anárquico de la ciudad, en especial el de la Benito Juárez, sin duda será atendido y ordenado con racionalidad por el nuevo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum, pero atención aparte, tanto de ella como del alcalde panista Santiago Taboada, deberá tener el proyecto o programa a que me referí renglones atrás del que a la chita callando, sin información clara y suficiente, se habla desde finales de 2016: se trata de un permiso administrativo temporal revocable para usar el espacio público de las estaciones, lo que está prohibido por la nueva Constitución capitalina. Los gobiernos recién electos, en especial el central de la ciudad, tienen que atajar abusos y oscuros negocios que heredan de la actual administración; en esta revisión, creo, deberá tener lugar especial el de las estaciones de la línea dos del Metro.
