s claro que la alerta de género, vigente en ocho municipios, no está funcionando; el número de asesinatos de mujeres por razón de género –o por actividades lícitas– es prueba de ello.

También es claro que la solución de fondo es cultural y pasa por inculcar en toda la sociedad, hombres y mujeres –sobre todo en las nuevas generaciones, las que están en formación mental y emocional–, los valores que posibiliten una convivencia equilibrada y armoniosa, solidaria y respetuosa entre todos los géneros.

Pero no es sólo eso. Por más que el Estado se emplee a fondo en procurar en sus ciudadanos esa nueva mentalidad y esos valores esenciales para la vida en comunidad, siempre habrá antisociales inmunes a todo valor, o perturbados obsesionados con el deseo de hacer daño y causar dolor. En estos casos la autoridad debe adoptar su rol coercitivo y hacer uso del legítimo monopolio de la fuerza que le ha confiado la sociedad.

¿Cuánto de ambas tareas están haciendo las autoridades? Los recientes asesinatos de mujeres parecen indicar que poco o nada. Si al final del gobierno de Enrique Peña Nieto los índices delictivos se dispararon en términos generales, no se debe a una situación fortuita, sino que es consecuencia de políticas públicas específicas, de su deficiencia o de su ausencia.

Hoy queda claro que en cuanto Peña Nieto arribó a la Presidencia su gobierno desmontó mecanismos, sistemas y protocolos de seguridad pública, como los números telefónicos para denuncias anónimas, y no hubo avances en prácticamente ningún aspecto de ese rubro.

Por ejemplo, nunca se hizo realidad el proyecto de un registro nacional de huellas dactilares de personas procesadas; no hay registro nacional genético de las víctimas de violencia ni se les aplica el protocolo (por eso están las morgues del país rebosantes de cadáveres); no se impulsó la búsqueda de desaparecidos ni de fosas clandestinas. Tampoco hubo intención seria de frenar el paso de armas desde Estados Unidos.

Resolver estas deficiencias no requiere de una nueva mentalidad de la población, sino voluntad política de las autoridades y algo de presupuesto que, dada la importancia estratégica de las medidas, ningún congreso del país habría negado. Pero, ahora queda muy claro: ese fue un camino equivocado.