Río De Janeiro. En el ocaso de un gobierno que desde hace mucho parece moribundo e inerte, Michel Temer, el más impopular presidente de la historia de los periodos democráticos brasileño, avanzó, y mucho, en la apertura de espacios de poder para las fuerzas armadas, ampliando el camino para un cada vez menos tenue vuelco hacia los cuarteles.

El lunes 15 de octubre, y en medio del torbellino provocado por la disputa electoral, Temer promulgó un decreto que poco o casi nada llamó la atención en un primer momento. El objetivo de la medida se refiere a la creación de una ‘fuerza-tarea de inteligencia’ para el combate a las organizaciones criminales.

El problema, dicen analistas, es que en primer lugar, ya está asentada, por ley, la competencia de la Policía Federal para tratar de crímenes, valga la redundancia, federales, como narcotráfico o lavado de dinero. Otro punto que llamó la atención es que, en términos de jerarquía, la ‘fuerza-tarea’ obedece, en primer lugar, al gabinete de seguridad nacional de la presidencia de la República, una institución que había sido abolida en los gobiernos del PT y que Temer trajo de vuelta. Y el otro punto que creó alarma en organizaciones sociales se refiere a la vaguedad del tema organizaciones que atenten contra el Estado o sus instituciones. Desde luego tanto el lavado de dinero como el narcotráfico atentan contra las instituciones y el Estado, pero, ¿qué más? Los sindicatos, por ejemplo, si decretan una huelga general, ¿estarían atentando contra las instituciones? Si el Movimiento de los Sin Tierra promueve una ocupación en áreas improductivas, ¿estaría atentando contra el Estado?

Muchos analistas señalan que se prepara el terreno para que el ultraderechista Jair Bolsonaro y su grupo de generales retirados, en caso de que efectivamente lleguen al poder, puedan desatar una ola de control y represión contra lo que consideran una extemporánea amenaza comunista.

Desde que llegó al sillón presidencial gracias a un golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, no han sido pocos los pasos de Michel Temer en dirección a abrir espacio para militares en la estructura del gobierno.

Por primera vez desde su creación, todavía bajo la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, el ministerio de Defensa fue entregado a un general. La intervención militar en el estado de Río de Janeiro, decretada el pasado febrero, ha sido otro paso: bajo el mando de un general en activo quedó toda la estructura policial, desde la investigativa hasta la civil común, pasando por el sistema carcelario. Por si fuera poco, Temer también promulgó un decreto determinando que cualquier caso de violencia cometido por un militar que participe de la intervención en Río será juzgado por la justicia militar, y no la civil, como determinaba la legislación anterior.

También llamó la atención que el nuevo presidente del Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, un magistrado que no logró ser aprobado en un concurso público para ser juez de primera instancia, pero llegó a la corte máxima de justicia, haya convocado –para ser una especie de superasesor– a un general retirado, muy cercano a Jair Bolsonaro y su grupo.

Para inquietar aún más al campo progresista brasileño, el nuevo decreto de Temer creó un núcleo duro de inteligencia, reuniendo no sólo al todopoderoso Gabinete de Seguridad Nacional y la Agencia Brasileña de Inteligencia, también los servicios de la Marina, Fuerza Aérea y Ejército, además del control de actividades financieras del Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Ingresos y todas las policías, inclusive la responsable por carreteras.

Resumiendo: si realmente llega a la presidencia de la República, Jair Bolsonaro y el grupo de oficiales retirados que le rodea, contarán con instrumentos ilimitados –todos controlados por generales en activo– para controlar la vida de cada brasileño, teniendo como blanco primordial asegurar que no ocurran atentados contra el Estado y las instituciones. Le tocará, desde luego, al núcleo duro del eventual gobierno de ultraderecha decidir qué atenta o no contra el Estado y las instituciones.

Juristas, sociólogos y organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos en Brasil recibieron la nueva medida como una especie de antesala de lo que podrá ocurrir si Bolsonaro llega al poder con semejante instrumento de control en las manos.

El hombre que en repetidas ocasiones proclamó a los gritos ser favorable a la tortura y que aseguró que ninguna elección resolverá nuestros problemas, la única salida será una guerra civil que mate al menos a unos 30 mil, empezando por Fernando Henrique Cardoso (en alusión al ex presidente), seguramente ampliará aún más, si llega a ganar la elección, el espacio abierto por Temer tanto para militares en activo como, especialmente, para los retirados, que arman su programa de gobierno.