El Senado demandó al presidente Enrique Peña Nieto revocar de inmediato los 10 decretos que firmó en junio pasado, que eliminaron la veda y posibilitan concesionar a particulares el agua de 300 cuencas del país.

El acuerdo, propuesto por la senadora morenista Mónica Fernández Balboa, incluyó demandar al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, suspender de forma indefinida el otorgamiento de nuevas concesiones, así como suspender la operación y funcionamiento del sistema de trámites electrónicos para ese fin.

El Senado citó, además a comparecer a Ramírez de la Parra y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Rafael Pacchiano Alamán, para que expliquen el impacto y alcance social, económico y ambiental de los decretos del Ejecutivo federal.

El punto de acuerdo fue aprobado de urgente resolución por todas las fuezas políticas, excepto por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México (PVEM), cuyos legisladores se abstuvieron y sólo avalaron la comparecencia de los funcionarios. Tanto el coordinador panista, Damián Zepeda, como del PVEM, Raúl Bolaños Cacho Cué, insistieron en que antes de pedir la revocación de los decretos se escuchara a los titulares de la Semarnat y la Conagua.

La senadora Fernández Balboa insistió en que el Senado debía pronunciarse firmemente en contra de cualquier intento de privatizar el agua y entregar los recursos de los mexicanos a particulares.

La senadora Marybel Villegas Canché, también de Morena, explicó que son 19 las entidades federativas afectadas por los decretos, que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas y –según han denunciado organizaciones civiles, colonias, núcleos agrarios y académicos– se trata de un intento por legalizar la privatización del agua en el país.

En entrevista, Lucía Meza Guzmán, senadora de Morena, celebró esa decisión, pues la votación en contra de la privatización del vital líquido es un triunfo de todos los sectores sociales, campesinos, académicos y de diferentes grupos parlamentarios, quienes vemos en los decretos presidenciales un peligro de seguridad nacional al favorecer concesiones a grupos empresariales que pueden hacer del agua un negocio.

Consideró que el anuncio del gobierno federal de aplazar seis meses el trámite electrónico para obtener en la Conagua concesiones de aguas nacionales superficiales y subterráneas tuvo que ver con la presión social.