A petición expresa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una ambiciosa iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que cruza por las principales áreas del gobierno y pretende, entre otros cambios, retirar a la Secretaría de Gobernación las funciones de protección civil, seguridad pública y seguridad nacional e integrarlas a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Por medio de la unidad de mando el Presidente de la República encabezará, todos los días, las tareas del gabinete de seguridad, en el que participarán las secretarías de la Defensa, Marina, Seguridad y Gobernación (SG) y la Fiscalía General de la República. Para operar la política de comunicación social del futuro gobierno, la Oficina de la Presidencia, con intervención de la SG, conducirá esa estrategia y el trato con los medios.

La propuesta de reforma también considera desaparecer la figura de los oficiales mayores de las dependencias y los administradores que tomarán esas funciones serán nombrados por el secretario de Hacienda y Crédito Público. Esta dependencia se encargará además de hacer las enormes compras consolidadas de la administración pública federal.

El enfoque de diseño e instrumentación de políticas públicas y acciones sociales redistributivas de la riqueza y el ingreso que contiene la propuesta de Morena también instaurará la figura del representante del Ejecutivo en los estados, mediante el delegado de Programas para el Desarrollo. Y la Secretaría de Desarrollo Social será sustituida por la Secretaría del Bienestar.

Asimismo, propone una verdadera reforma educativa, en que la participación de los maestros y la activa corresponsabilidad de los padres y madres de familia sea el sustento para la mejora continua de la enseñanza.

La iniciativa presentada por el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, indicó que la nueva estructura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no busca volver al modelo que existió en el periodo 2000-2011, que no funcionó, sino ir hacia un modelo diferente, a un paradigma y una visión de que, aprendidos los errores del pasado, podamos hacer frente a los retos del presente.

En la exposición de motivos, el proyecto advierte que en el momento actual la mayor amenaza a la seguridad nacional es la inseguridad pública, las acciones del crimen organizado y la debilidad o franca inoperancia, por incapacidad o por corrupción, de los cuerpos de policía.

En el terreno del impulso al crecimiento económico y la equidad social refirió: “Parafraseando al economista inglés más influyente del siglo pasado (John Maynard Keynes): es convicción del presidente electo que la economía no puede quedar sujeta a las mismas reglas y prácticas que los casinos… el nuevo gobierno será un aliado de las inversiones productivas del sector privado, nacional o extranjero, a las que se habrán de otorgar facilidades para su realización y éxito, a través de la política económica y el respeto al estado de derecho, es decir, mediante la seguridad jurídica que requieren los empresarios”.

Se promoverá la democracia sindical, expresada en la elección de las dirigencias con voto individual y libre de sus agremiados, sin que el nuevo gobierno interfiera o se inmiscuya en la vida interna de los sindicatos, para que lo que se tendrá sin distinción un permanente respeto y la mejor disposición al diálogo.

En cuanto a comunicación social, se homologarán criterios sobre la política oficial conforme a los ejes que defina el titular del Ejecutivo federal; se propone que la Oficina de la Presidencia, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Gobernación, conduzca la planeación, formulación, coordinación, asesoría, supervisión, regulación y evaluación de la política de comunicación social del gobierno federal, por lo que emitirá disposiciones de carácter general para regular a las unidades administrativas en las dependencias públicas.