nte la inminente llegada a México de la caravana de migrantes hondureños que en días pasados atravesó el territorio guatemalteco con el propósito de llegar al nuestro para transitar hacia Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump emitió ayer una amenaza prepotente: debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga este embate y si es incapaz de hacerlo, llamaré a los militares estadunidenses y cerraré nuestra frontera sur, en lo que ha sido una de las más fuertes altanerías del magnate republicano en contra de nuestro país: se trata, ni más ni menos, que de la pretensión de dictar a México una política migratoria determinada, pretendiendo ignorar la soberanía nacional y el hecho básico de que en este país y en su territorio mandan los mexicanos. Por añadidura, Trump escribió que detener a los migrantes le resulta más importante que el nuevo acuerdo comercial de América del Norte, acusó a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador de lanzar un asalto a Estados Unidos por no hacer lo suficiente para impedir que este flujo de gente, incluyendo a muchos criminales, llegara a México en dirección al país del Norte, y volvió a amenazar con suspender toda la ayuda económica a esas tres naciones centroamericanas. Unas horas más tarde, al enterarse de que el gobierno mexicano envió un contingente de efectivos de la Policía Federal a la frontera con Guatemala para hacer frente a la situación, el huésped de la Casa Blanca comunicó en un nuevo tuit: Gracias, México, esperamos trabajar con ustedes.

Debe quedar claro que la secuencia de mensajes del mandatario es esencialmente una maniobra electorera de las que caracterizan a Trump, dirigida a los sectores más xenófobos y racistas de su país, y que tanto el amago como el agradecimiento guardan poca relación con la realidad: por un lado, la clausura de los pasos fronterizos entre México y Estados Unidos –que es la única manera realista en la que podría cerrar la frontera tendría ciertamente consecuencias catastróficas para ambos países, tanto en lo social como en lo económico. Implicaría, por ejemplo, que a los estadunidenses que se encuentran temporalmente en territorio nacional les resultaría complicado regresar a su nación por vía terrestre, que las exportaciones procedentes del norte del río Bravo se quedarían varadas en su lugar de origen, que el comercio bilateral experimentaría una parálisis casi total y todo ello tendría un costo político inconmensurable para el propio Trump. Por otra parte, aunque éste pretenda acreditárselo como un triunfo personal, el movimiento de personal policial a la frontera sur decidido por el gobierno mexicano no es consecuencia del amago referido sino de la necesidad de hacer frente a la situación generada por la inminente llegada de centenares o miles de centroamericanos.

En esta circunstancia, las autoridades nacionales tienen la obligación de cumplir con el marco legal mexicano, independientemente de las bravatas del magnate estadunidense, en los términos del artículo 11 constitucional (Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general) y en las disposiciones de la Ley de Migración.

La legalidad vigente abre dos posibilidades a los migrantes centroamericanos: ingresar a México con visa o solicitar refugio a su llegada. Es claro que en su gran mayoría quienes esperan ingresar al país en el sur de Chiapas son personas expulsadas de sus lugares de origen por la violencia o por la carencia por lo que es procedente y necesario, en consecuencia, agilizar al máximo los trámites individuales correspondientes. Cabe esperar que las autoridades nacionales sepan estar a la altura de la situación y marcar una diferencia inequívoca y contundente con respecto a la política racista y xenófaba del gobierno de Estados Unidos.