Madrid. Nani y Mariano son un matrimonio de jubilados de la periferia de Madrid, de 62 y 78 años, respectivamente, que además viven con un hijo que tiene discapacidad. Cobran una pensión de 700 euros (17 mil pesos) mensuales y después de vivir en una casa de alquiler durante 47 años, finalmente un juez ordenó su desahucio. Actualmente en España hay en curso alrededor de 770 mil ejecuciones hipotecarias, cifras similares a las de los peores tiempos de la crisis económica y financiera que sufrió el país en 2012 y que condenó a la miseria y al desalojo a cientos de miles de personas.

En la localidad de Parla, a unos 20 kilómetros de Madrid, gobernada por el derechista Partido Popular (PP), vive esta familia que sufre en carne propia la severidad de las políticas inmobiliarias en España. Su vivienda, donde criaron a sus tres hijos y vivieron 47 años pagando mes a mes su renta, dejó de ser su hogar por orden de un juez, que decidió darle la razón a su casero. El propietario había decidido incrementar el monto de la renta de forma desproporcionada, ya que el matrimonio afectado tenía un régimen de renta antigua, con lo que pagaba un precio hoy simbólico, pero que en su día fue un alquiler regular. De un día para otro, el dueño del inmueble les comunicó que a partir del siguiente mes tenían que pagar 700 euros de alquiler, prácticamente la pensión que cobran y con la que sobrevive la pareja con su hijo enfermo. Dejaron de pagar la renta en marzo y ahora el juez ordenó su desahucio, por lo que están viviendo en la casa de otro de sus hijos.

Su caso, así como el de otra familia con orden de ejecución de desahucio, a pesar de que tienen tres hijos con problemas de salud de diverso grado, llegó incluso a preocupar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que envió cartas interesándose en la situación de estas familias. Y de tantas otras que tienen la espada de Damocles encima y que en cualquier momento el juez puede ordenar la ejecución de su desahucio, explicó a La Jornada Luis Chamarro, vocero de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH).

A pesar de que según los datos macroeconómicos y las afirmaciones de los dirigentes políticos, incluidos los de izquierda, España ya superó la crisis y ahora vive una etapa de recuperación económica con un ritmo de crecimiento anual de entre 2.5 y 3 por ciento en los pasados cuatro años, continúa el drama de los desahucios, de las familias que se quedan sin su primera vivienda por no poder hacer el pago de las hipotecas ligadas a contratos leoninos e incluso ilegales, según la PAH.

El drama de Nani y Mariano, o del matrimonio de Fariza B. y Mohammed M. que tienen tres hijos con discapacidad, forma parte de los más de 770 mil casos que están en los tribunales españoles. Pero la cifra podría ser incluso mucho más dramática, ya que se calcula hay cerca de 600 mil viviendas más que ya fueron entregadas a la banca prestamista de forma silenciosa, como la definen desde la PAH. Es decir, sin un proceso judicial de por medio y tras una negociación en la que casi siempre sale perdiendo el ciudadano, explicó Chamarro.

El movimiento contra los desahucios comenzó de manera espontáneo en los peores años de la crisis, cuando el desempleo dejó a cientos de miles de familias sin hogar y millones de personas perdieron todo su patrimonio a manos del sector financiero, que por otro lado engordó como nunca su cartera inmobiliaria, con la que de forma paulatina ha ido especulando o vendiendo a los fondos buitre.

En los primeros años de la lucha en las calles contaron con el respaldo de otras organizaciones sociales y con líderes que se han incorporado de lleno a la política y ya forman parte del selecto grupo de diputados del Parlamento español o de otras instituciones del país. Algunos de los antiguos compañeros de la PAH son actualmente dirigentes de Unidos Podemos (UP) o incluso la propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que lideró el movimiento.

Por eso duele aún más esa traición, explicó Chamarro, quien narró cómo los ahora diputados o alcaldes pasaron de formar parte de las barreras humanas para impedir los desahucios, a negarse siquiera a recibirlos en sus oficinas. Y así han estado durante tres años, desde el día en que una delegación de la PAH de Madrid se presentó en las oficinas centrales de Podemos en la capital español y ni siquiera abrieron la puerta. Nos echaron de ahí, cuando ese mismo día, por la mañana, nos había recibido sin ningún problema el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y había escuchado nuestra situación.

Chamarro explicó que la próxima semana retomarán por primera vez en tres años el contacto con la formación liderada por Pablo Iglesias, mientras el resto de formaciones, incluidas las de derechas, han mantenido reuniones periódicas con ellas para conocer de primera mano la problemática de esas familias agrupadas en la plataforma madrileña.

El vocero de la PAH de Madrid explicó que insistirán ante en que lo prioritario es que se eleve a ley la carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia, para que el ciudadano se pueda defender cuando esto se ponga en marcha. Los abogados a veces trabajan más para el enemigo. Es vital tener armas para contender en los tribunales, dijo. Insistió en que siguen solos en su lucha, a pesar de tener adversarios tan poderosos como los grandes bancos, los fondos buitre y las influyentes firmas de abogados. No cejaremos en nuestro empeño porque sabemos que tenemos la razón y esperamos que pronto nos la reconozcan, concluyó Chamarro.