Pachuca, Hgo., El Tribunal Fiscal Administrativo (TFA) anuló el contrato que firmaron en 2015 el ayuntamiento de Pachuca y la empresa Moviparq SA de CV, con el cual se autorizó la instalación y operación de 3 mil 700 parquímetros en el centro histórico de la capital hidalguense.

En conferencia de prensa, Nabor Rojas Mancera, regidor de Pachuca, y el senador Julio Menchaca Salazar, ambos de Morena, anunciaron que el TFA emitió en segunda instancia un fallo que anula el contrato y ordena al ayuntamiento capitalino quitar los mil 200 parquímetros que Moviparq instaló en 2015, además de que prohíbe instalar otros 2 mil 500.

Nabor Rojas explicó en entrevista que la primera sala del TFA dictaminó en favor de Moviparq al señalar que ‘‘los parquímetros no causaban perjuicios a los ciudadanos’’, pero no analizó el fondo del asunto, es decir, si el contrato violaba o no la Constitución federal.

Agregó que con respaldo del equipo jurídico del senador Julio Menchaca se promovió el juicio de revisión 17/2018 ante la segunda instancia del TFA. Por unanimidad, el pleno de cinco magistrados determinó que en el primer fallo el juez Prisciliano Gutiérrez no había examinado el fondo del asunto.

Agregó que, según los magistrados, el contrato viola el artículo 115 constitucional, que estipula que ni las corporaciones de seguridad pública ni las vialidades se pueden concesionar a la iniciativa privada, como ocurre con los parquímetros.

La alcaldesa panista de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, tiene cinco días para quitar mil 200 parquímetros que operan desde 2015 en el centro histórico; sin embargo, advirtió que seguirán en funcionamiento.

El contrato, firmado en el último año de gobierno del alcalde priísta Eleazar García Salazar, incluía la instalación de 2 mil 500 parquímetros durante la administración de la panista Yolanda Tellería, cuya gestión comenzó el 5 de septiembre de 2016. Antes de la firma del contrato, Moviparq ya había instalado mil 200 parquímetros con el aval de García Salazar.

El contrato tiene vigencia hasta 2025 y prevé una penalización de 196 millones de pesos por rescisión anticipada. No obstante, en julio de 2017 el regidor Nabor Rojas, de Morena, lo impugnó ante el TFA.