El Gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa de reforma para aplicar prisión preventiva oficiosa a quienes utilicen armas réplica y hechizas en la comisión de algún ilícito, la cual será enviada al Congreso de la Unión para su discusión.

En conferencia de prensa, el mandatario local, José Ramón Amieva Gálvez, acompañado del procurador, Edmundo Garrido Osorio, y el secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins Flores, destacó que de enero pasado al 14 de octubre se decomisaron 771 armas falsas utilizadas en distintos hechos delincuenciales, así como más de 3 mil 300 armas de fuego reales, algunas de éstas conocidas como hechizas, es decir, que no se puede verificar dónde y quién las fabricó.

Aunado a ello, agregó, 50 por ciento de los detenidos con armas réplicas o de juguete siguen su proceso en libertad y de éstos al menos 12 por ciento reinciden en la comisión de algún delito; de allí la necesidad, expresó Amieva Gálvez, de modificar el articulo 19 de Constitución federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que aquellos que usen este tipo de artefactos sigan su proceso judicial en prisión preventiva.

Por otra parte, el titular del Ejecutivo local resaltó que las acciones de su gobierno para recuperar la seguridad en la ciudad han dado resultados, loscuales son reflejados, por ejemplo, en las encuestas que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y que en su más reciente edición señala que la percepción de inseguridad en la capital del país bajó en promedio 10 puntos porcentuales. No estamos dentro de las ciudades más inseguras del país y hablando de delitos a escala nacional ocupamos el lugar 19, expresó.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli Ramírez, afirmó que imponer prisión preventiva oficiosa a quien cometa un delito con un arma de fuego, aún si es hechiza o de juguete, es una buena estrategia para desarmar a la ciudad, pero no es suficiente, afirmó

En entrevista, señaló la necesidad de impulsar una política integral basada no solamente en el recrudecimiento de las penas, sino en la promoción de medidas de prevención, ante la participación cada vez mayor de jóvenes en la comisión de delitos utilizando un arma.