El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Ciudad de México, Arturo Bautista Lozano, rechazó la moratoria urbana impuesta por 14 alcaldías, por considerar que genera incertidumbre a las inversiones y al estado de derecho.

La industria inmobiliaria tiene inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social más de 260 mil personas con empleos directos y se habla de 550 mil con empleos indirectos, detalló.

El sector abarca, además, a cerca de 80 ramos económicos, desde el cristal hasta la carpintería, y su inversión aproximada en la Ciudad de México es de más de 50 mil millones de pesos al año, por lo que tarde o temprano la ciudad padecerá por esa medida, advirtió.

De hecho, indicó, la moratoria ya tiene una afectación que rondará en la pérdida de inversiones de entre 4 y 5 mil millones de pesos mensuales.

Para el líder de los industriales de la construcción, en la capital del país la solución a este problema es un plan a largo plazo para construir un millón de viviendas, pues más de 40 por ciento de la población tiene menos de 30 años y necesita dónde vivir; no podemos seguir expulsándolos.

En la conferencia se refirió a los recursos que la industria paga a las diversas instancias de gobierno, como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Al respecto, expuso que a este organismo, más o menos para darnos una idea, el sector inmobiliario le paga por cada departamento alrededor de 70 mil pesos; entonces, es mucho dinero el que se paga en licencias y permisos. Lo que hay que hacer es transparentar ese dinero para ver a dónde va.

Bautista Lozano reconoció que hay muchas empresas que han violado los usos de suelo y que se necesita que se les castigue simplemente aplicando la ley; no creemos que sea necesario cerrar una ventanilla.

Consideró que los abusos cometidos por la industria inmobiliaria “son los menos; el problema es que son muy visibles y queda la percepción de impunidad. La gente está muy molesta y habla del cártel inmobiliario y de que todos los constructores somos iguales, algo que no es cierto. El gran problema es la impunidad; si alguien hace algo malo, pues hay que castigarlo. Lo que no ha pasado”.

También hay que considerar la corrupción que pudo haberse dado al otorgar permisos y licencias incorrectas en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Instituto de Verificación Administrativa y las anteriores delegaciones políticas, apuntó.