En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designará al ministro que resolverá si se acepta o se rechaza la solicitud de controversia constitucional presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, para que se detenga o suspenda cualquier investigación actual o futura contra funcionarios federales que realice el gobierno de Chihuahua.

El asunto, señalaron funcionarios judiciales, se considera un caso que plantea cosas novedosas para el derecho, por lo que podría ser admitido a trámite.

Primero, el máximo tribunal de justicia del país debe turnar el expediente a un ministro para que analice si es procedente o no el recurso presentado por el Poder Ejecutivo y si lo considera fundado se procedería a elaborar un proyecto de sentencia.

Busca cerrar paso a órdenes de captura o citaciones

En el registro de la solicitud de controversia consitucional presentada por Misha Leonel Granados Fernández, consejero jurídicó de la Presidencia, no se menciona como motivo para este recurso las confrontaciones que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sostenido con la administración de Chihuahua por los casos en que las autoridades locales presentaron acusaciones contra integrantes del PRI por haber participado en presuntos desvíos de recursos públicos, y que durante los juicios en el ámbito federal se han desestimado los cargos, como ocurrió con Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, a quien no se le pudo acreditar la comisión del delito de peculado.

Sin embargo, el recurso señala que se formula contra el gobernador Javier Corral, la fiscalía estatal y el Poder Judicial de esa entidad, para que no se dé curso a la emisión de citaciones, órdenes de captura, presentación o arraigo respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.