Nueva York. Donald Trump usa la caravana de migrantes hondureños para obtener ventajas políticas en las elecciones intermedias de noviembre y enviará a su secretario de Estado, Mike Pompeo, a México a finales de esta semana, para analizar cómo frenar a los centroamericanos que intentar llegar a Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Trump enfrenta indicadores de que sus políticas antiinmigrantes están fracasando y ante ello considera retomar medidas más severas que incluyen enjaular a niños migrantes otra vez.

A tres semanas de las elecciones intermedias en las que están en juego el control de ambas cámaras del Congreso, Trump culpó hoy a los demócratas de la crisis, tuiteando: Es difícil creer que con miles de personas al sur de la frontera, caminando sin impedimentos hacia nuestro país en la forma de grandes caravanas; los demócratas no aprueben la legislación que permitirá leyes para la protección de nuestra nación. Agregó que los republicanos deben hacer (que el tema) de las leyes de migración, horrendas, débiles y caducas, y la frontera, forme parte de las (elecciones) intermedias.

Con ello, señalan críticos, Trump continúa con su tema de la migración como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

En apariencia para nutrir esto, el régimen de Trump anunció hoy que el secretario de Estado, Mike Pompeo, viajará a México este viernes para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, el canciller Luis Videgaray, y el propuesto canciller del nuevo gobierno, Marcelo Ebrard, a fin de abordar entre otras cosas la migración ilícita, donde el tema de la caravana será prominente, según informó a periodistas una importante funcionaria del Departamento de Estado.

Pero el tema es de doble filo para Trump, ya que dos años después de llegar a la Casa Blanca prometiendo reducir el flujo de migrantes, hay indicadores de que sus políticas al respecto son un fracaso. Hoy, el Washington Post reveló que la Patrulla Fronteriza arrestó a 16 mil 658 personas y sus familias en septiembre, la cifra mensual más alta jamás registrada. Es un incremento de 80 por ciento comparado con el mes de julio, según cifras aún no hechas públicas del Departamento de Seguridad Interna obtenidas por el rotativo.

Ante ello, Trump –guiado por su asesor antimigrante Stephen Miller en la Casa Blanca– ahora pretende impulsar una nueva versión de su política de tolerancia cero, que separa a menores de edad de sus familiares, algo que fue frenado por fallos judiciales dado el furor público que provocó este verano ante imágenes e historias de niños arrancados de los brazos de sus padres y colocados en jaulas.

Trump, quien el martes amenazó con suspender la asistencia estadunidense a Honduras, Guatemala y El Salvador si sus gobiernos permitían que sus ciudadanos u otros procedan a través de sus fronteras rumbo a Estados Unidos, está cada vez más frustrado con los resultados hasta la fecha y por lo tanto considera algo llamado opción binaria, en la que a familias migrantes detenidas se les ofrecería una decisión: mantenerse juntas con sus hijos en centros de detención de migración por meses o años mientras proceden sus solicitudes de asilo, o separarse de sus hijos quienes serían trasladados a albergues gubernamentales mientras familiares con residencia legal o guardianes solicitan su custodia.

Sin embargo, las instalaciones del gobierno para estos propósitos, tanto los centros de detención para familias como los albergues –donde están más de 13 mil menores de edad–, están saturados.

A la vez, Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quien presentó la demanda judicial contra el gobierno que logró frenar las separaciones y ordenar la reunificación de las familias, comentó hoy a periodistas en una teleconferencia que el régimen de Trump aún no ha cumplido con la orden del juez y hay niños que siguen separados de sus padres. Los niños están traumatizados. Los padres reportan que los que sí están de regreso con ellos sólo piensan si alguien viene para llevárselos de nuevo. Y ahora el gobierno está considerando hacer eso otra vez, advirtió.

Michelle Brane, directora de la Comisión de Mujeres Refugiadas para Derechos y Justicia Migrante, en la misma teleconferencia, afirmó que el objetivo de la opción binaria es castigar a las familias migrantes. Recordó que recientemente Amnistía Internacional reportó que hubo más de 6 mil familias que sufrieron separaciones entre abril y agosto, pero son muchas más, dijo, ya que esta política se empezó a implementar desde el año pasado y nadie tiene los números precisos. Resumió la nueva propuesta como una decisión para los padres: entregar a los niños o anularles sus derechos.

Para mayor información: La Jornada Sin Fronteras