s probable que los republicanos no lo sepan, y es seguro que la masa de sus simpatizantes no se han enterado, pero las trastadas que su partido ha hecho al sistema político de Estados Unidos, que había sido hasta ahora el paradigma de la democracia occidental, son similares a las que utilizó el PRI en tiempos del presidente Ruiz Cortines para construir la hegemonía de ese partido.

Pocos previeron que la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos habría de convertirse en la vía rápida hacia el desmantelamiento de las instituciones republicanas. Si López Obrador se parece a Trump, como él mismo dice con no muy secreto entusiasmo, entonces no es nada raro que el Partido Republicano en Estados Unidos esté haciendo todo por parecerse al PRI de los años 50, en primer lugar, construir un partido hegemónico.

No obstante, ante los ojos atónitos de los sectores demócratas el presidente Trump ha propinado severos golpes a la dignidad del cargo que ocupa; se ha burlado del Poder Judicial, ha maltratado en público al procurador general, y se ha expresado de manera muy despectiva a propósito de los miembros del Congreso. Entre los políticos de ambos partidos, no ha habido una reacción más o menos de la misma magnitud contra el embate brutal de Trump. Algunos de los principios fundamentales de su democracia han sido cuestionados por el presidente mismo, por ejemplo, la igualdad. Hacía mucho tiempo que los políticos estadunidenses no pronunciaban los discursos confrontacionistas que son el sello de la casa Trump. Este presidente ha eliminado del repertorio de los valores estadunidenses el mérito, y lo ha sustituido por la categoría raza, que es el criterio general de autodefinición de una sociedad que vive –como todas– con su historia a cuestas.

El Partido Republicano muestra que tiene un proyecto ambicioso de mantenerse en el poder por un periodo indefinido. Al menos es una de las lecturas que pueden hacerse de las medidas que han adoptado en el ámbito electoral, cuyo propósito es excluir de la competencia por el poder a los estadunidenses no-blancos, y fortalecer el control del partido sobre el Congreso y sobre la Casa Blanca. Por ejemplo, desde los años 70 empezaron a purgar las listas electorales que eran una fuente de información muy rica. Estas listas de votantes tenían sus propios problemas: no se revisaban las defunciones, ni los cambios de domicilio, porque como ocurre en muchos sistemas electorales (y en muchas instituciones académicas): lo difícil no es entrar, sino salir. Lo anterior significaba censos electorales inflados, con muchos muertos y migrantes que habían abandonado el domicilio en el que se habían registrado 30 años antes. Los defraudadores profesionales, que trabajan para el Partido Republicano, identificaban los huecos y votaban tres y cuatro veces.

En 1965 Lyndon Johnson firmó la ley de los derechos civiles, que buscaba poner fin a la discriminación racial, y garantizar a la población afroestadunidense el pleno disfrute de sus derechos civiles. Las primeras consecuencias de este cambio, efectivamente contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de este sector de la población. Sin embargo, gradualmente, regresó el patrón de exclusión que había sido ley y que supuestamente había sido superado. En 2013, una decisión de la Suprema Corte sentenció que la definición de las jurisdicciones que requerían vigilancia para evitar conductas discriminatorias, era anticonstitucional y la abolió. Esta sentencia abrió el camino para que se introdujeron criterios restrictivos para el ejercicio del derecho al voto. Texas fue el primer estado en aplicar cierto tipo de requisitos que eran una clara desventaja para los afroestadunidense. Por ejemplo, se anunció que en las casillas de votación podía aceptarse un permiso de portación de armas como identificación, en cambio, no se aceptaban las credenciales universitarias como documento de identidad.

En Carolina del Norte, según la sentencia del juez, con una precisión quirúrgica se habían identificado en ciertos distritos a la población afroestadunidense que, acto seguido, fue expulsada de las listas electorales. También se establecieron horarios de registro que eran difíciles para ese sector poblacional.

El instrumento favorito de los ingenieros electorales, el diseño de los distritos, ha estado en litigio en la Suprema Corte desde hace años. El objetivo enunciado es mantener igualdad numérica entre los distritos; sin embargo, cuando un partido controla la Cámara rediseña la distritación en su favor, es el famoso Gerymandering. Por ejemplo, se crean distritos para formar mayorías partidistas. De no hacerse así, sus votos estarían dispersos entre dos y hasta tres distritos. Pero estamos en tiempos de amor y paz, entonces a la mejor hasta abolimos la elección presidencial.