El gobierno de la ciudad corre el riesgo de perder mil 54 millones de pesos por concepto de participaciones federales por la decisión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales de redistribuir entre los estados los ingresos provenientes del impuesto especial sobre producciones y servicios (IEPS) a la cerveza.

Por este motivo, el titular del Ejecutivo local, José Ramón Amieva, pidió la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar que se concrete dicha situación, pues además de contravenir la Ley General de Coordinación Fiscal, la falta de esos recursos afectaría obras del Metro y rubros de medio ambiente y movilidad.

Es contrario a la norma tener un criterio distinto porque el esquema de distribución está en la ley y si se quisiera cambiar ese sistema tiene que acudirse al Congreso de la Unión, explicó, y agregó que dichos argumentos también se dieron a conocer a la Auditoría Superior de la Federación.

Agregó que en caso de continuar esta postura, la administración pública local acudiría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva esta situación, que se entiende es de ilegalidad.

Afirmó que la redistribución que se prevé aprobar contraviene el artículo 3A de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual establece que las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán de la recaudación que se obtenga del IEPS, en función del porcentaje que represente la enajenación de bienes en cada entidad federativa.