a segunda asamblea plenaria del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), con la comandancia del EZLN, se realizó del 11 al 14 de octubre en el Cideci-Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Con más de medio millar de asistentes, las dos terceras partes delegadas y delegados y el resto invitados nacionales y 13 internacionales, de Estados Unidos, Italia, Guatemala, Ecuador y Nicaragua. Pese a que no entrañan representación de pueblo o comunidad, suelen destacar las lenguas indígenas presentes: binizaa, chinanteco, chol, chontal, español, ñahñu, kumiai, mame, maya peninsular, mayo, mazahua, meepha, mixteco, nahua, popoluca, purépecha, ra­rá­muri, teenek, tepehuano, tojolabal, to­tonaco, tzel­tal, tsotsil, wirrárika y zoque. Lamenté no aceptar su invitación debido a un compromiso en Temuco, Chile, con la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica.

El pronunciamiento del CNI-CIG y el EZLN entraña propuestas que es importante destacar. En primer lugar, se reafirma la urgencia de avanzar y fortalecer la organización. Somos redes en nuestras localidades donde buscamos en colectivo tener una sola palabra que sea espejo de nuestra madre tierra, de su latido y de su vida. Somos redes de redes en nuestras co­munidades y regiones que son colectivos de colectivos, donde encontramos una sola otra palabra, que entre los nuestros escuchamos con atención, porque sigue siendo lo que decidimos libremente ser; eso es nuestra lucha permanente y por eso la respetamos y honramos, haciéndola nuestro gobierno, no ahorita sino siempre, porque de nuestras diferencias surge el acuerdo colectivo. Pese a que llaman a ampliar el trabajo con organizaciones urbanas, prevalece la identidad indígena y la postura anticapitalista. Al señalar que juntos seamos concejo de gobierno con las redes del apoyo al CIG, que se desdoblen con sus propias formas e identidad en el campo y la ciudad sin importar fronteras, acordaron consultar en sus comunidades, pueblos, naciones, tribus y barrios las formas y modos de construirlos.

Respecto de ampliar la organización fuera de las fronteras no pasa desapercibida la complejidad de que, si bien se comparte el impacto neoliberal, los pueblos y sus movimientos guardan historias particulares que es preciso considerar más allá del contacto con alguno de sus representantes en otros países. Justamente en Temuco se hizo presente el contraste entre la persecución, por ejemplo, a Juana Calfunao, quien tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los esfuerzos autonómicos de una asociación de presidentes municipales que, aclararon, sus titulares son de origen mapuche, juegan en esa cancha para recuperar su identidad.

En el ámbito nacional, analizaron la naturaleza del Estado mexicano, así como la continuidad neoliberal, en los cambios de gobierno, incluido el próximo. Ofrecieron evidencias como la amenaza a los pueblos binniza, chontal, ikoots, mixe, zoque, nahua y popoluca del Istmo de Tehuantepec con sus planes transístmicos y la expansión de las zonas económicas especiales, a los pueblos mayas con su proyecto de Tren Maya que despoja y destruye a su paso la tierra. La anunciada siembra de un millón de hectáreas con árboles frutales y maderables, la ilegal consulta para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, o la oferta para que sigan invirtiendo las mineras que tienen concesionadas grandes extensiones de los territorios indígenas. En ese recuento, en que las palabras sobran, destacan que sin consultar a sus pueblos el futuro gobierno impone la creación, al estilo del viejo indigenismo, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, comandado, denuncian, por los desertores de nuestra larga lucha de resistencia. Por si fuera poco incluyen el anuncio de que las corporaciones militares seguirán en las calles y la pretensión de reclutar 50 mil jóvenes para las fuerzas armadas que han servido para reprimir, despojar y sembrar el terror en toda la nación.

Rompen el silencio, guardado los años re­cientes, para recordar la traición: “De aprobarse los acuerdos de San Andrés en el actual contexto, estando vigentes las sucesivas reformas al artículo 27 constitucional, que han transformado la tierra en mercancía y puesto las riquezas del subsuelo en ma­nos de las grandes empresas, sin acabar con las concesiones de aguas, minería, bienes nacionales e hidrocarburos, sin imponer límites al poder imperial derogando el actual tratado de libre comercio y limitando severamente a las grandes corporaciones trasnacionales, sin destruir el control que los cárteles de la delincuencia ejercen, apoyados en los militares, sobre nuestros territorios, estaremos viviendo, en el mejor de los casos, una burda ilusión, que nos oculta la embestida del dinero contra nuestros pueblos”. En efecto, las palabras sobran.