última hora, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio marcha atrás en la aplicación del sistema digital para otorgar concesiones y asginaciones de aguas nacionales superficiales, subterráneas, permisos de ocupación de terrenos federales administrados por esa dependencia, autorizaciones de descarga de aguas residuales y transmisión de derechos de título.

La dependencia informó en un comunicado que el procedimiento, que debía comenzar ayer, se aplazaría seis meses, debido a que la plataforma digital requiere de la firma electrónica avanzada y algunos usuarios no cuentan con ella.

El plan, anunciado el primero de octubre anterior, fue criticado por la coalición Agua para Todos, entre otras razones porque consideró que beneficiaría en última instancia a las concesionarias mineras y energéticas, y perjudicaría a las comunidades y pueblos originarios, toda vez que, a diferencia de los grandes consorcios, suelen carecer de la firma electrónica, e incluso de servicio de Internet. Por esas razones, y por considerar que la distribución masiva de concesiones agiliza la privatización de las fuentes hídricas y viola el derecho de los pueblos originarios al recurso vital, Agua para Todos realizó un mitin frente a la sede de la Conagua.

En las actuales circunstancias, la postergación por seis meses del trámite en línea para concesiones hídricas es un eufemismo para referirse a su cancelación definitiva.

Por una parte, el marco legal –o, más precisamente, la ausencia de él– es al menos cuestionable: la administración saliente no logró aprobar una ley general de aguas que considerara los derechos humanos y sustituyera a la Ley de Aguas Nacionales; se sostendría únicamente en los decretos de levantamiento de vedas en 300 cuencas del país y de establecimiento de reservas de agua, promulgados en junio del año pasado.

Por la otra, está en curso en el Senado de la República una iniciativa de ley presentada por Morena que prohíbe la privatización, es decir, entregar recursos hídricos del país a particulares, y el presidente de ese organismo, Martí Batres, ha expresado la determinación de su partido de lograr su aprobación en el presente periodo ordinario de sesiones. Por lo demás, dentro de medio año habrá otras autoridades en la Conagua, las cuales no tendrán por qué aplicar procedimientos diseñados por la administración saliente. Más aún, el próximo gobierno estará en condiciones de revocar cualquier concesión otorgada por el actual.

Llama la atención, finalmente, que al rectificar el cuestionado procedimiento de gestión de concesiones, los directivos de la Conagua hayan evitado referirse al malestar provocado por una política que tiende a la privatización del acceso al recurso y a la poca pertinencia de establecer formas supuestamente innovadoras a mes y medio del fin del actual gobierno.

Dejaron pasar, así, la oportunidad de ofrecer una muestra de sensibilidad social y de enviar una señal de respeto republicano a las próximas autoridades.