Ante la detención ilegal y/o arbitraria de 122 personas en los pasados 10 años, la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) local dirigió la recomendación 18/2018 a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Se trata, explicó Nashieli Ramírez, presidenta del organismo, de que ejecuten un plan integral individual de reparación a las víctimas directas y a las indirectas les otorguen tratamiento médico y/o sicológico especializado, para revertir las afectaciones sicosociales que enfrentan.

Los casos donde se documentó el actuar de los servidores públicos se registraron en el programa Lucha contra la impunidad, pues en siete se identificaron abuso de autoridad, extorsión y robo en su detención.

Explicó que las quejas se integraron en 58 expedientes y en seis casos se determinó la reserva y en uno el no ejercicio de la acción penal, sin proceder una investigación ministerial contra los servidores públicos involucrados.

Durante las investigaciones, sin embargo, se acreditaron violaciones a los derechos a la libertad, seguridad e integridad personales, al debido proceso, a la propiedad privada y al acceso a la justicia.

Además, sus restricciones a la libertad se dieron en contextos que no eran estrictamente necesarios; hubo dilación en las puestas a disposición de tres, siete y 11 horas; fueron víctimas de actos desproporcionados e indebidos de la fuerza, e incluso de tratos crueles e inhumanos.

Las detenciones dejaron de ser una práctica excepcional en el actuar de los servidores públicos ante la falta de profesionalización, y en los 25 años de la CDHDF se han dirigido 40 recomendaciones a esas dependencias, señaló.

La primera visitadora, Hilda Téllez, detalló que en 29 expedientes se emitieron medidas cautelares, para que la PGJ, la SSP, los sistemas penitenciario y de salud involucrados salvaguardaran los derechos humanos de los agraviados.

Mientras, en 40 expedientes se realizó un estudio técnico jurídico; en 28 se solicitó al Tribunal Superior de Justicia un análisis de las causas penales; en 50 se entrevistó detalladamente a las víctimas y en 11 se pidió a la PGJ el estado que guardan las investigaciones, indicó.