Oaxaca, Oax., Los procuradores y fiscales buscan crear el Centro Nacional de Apoyo Técnico al Combate contra el Secuestro con la finalidad de potencializar sus capacidades en materia de intervención de comunicaciones privadas y garantizar un eficaz y eficiente auxilio a la labor de investigación de este delito.

Durante la clausura de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se abordó que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) propuso contar con un Censo Nacional de Procuración de Justicia para la clasificación nacional de delitos.

Asimismo, los procuradores y fiscales también analizarán desarrollar un Sistema de Registro Electrónico Homologado con el fin de registrar delitos, víctimas, imputados y situación del proceso en las carpetas de investigación.

El vocero de la conferencia, Rubén Vasconcelos Méndez explicó que la Coordinadora Nacional Antisecuestro se pronunció por integrar un grupo especial para la atención del cumplimiento de las órdenes de aprehensión y mantener los recursos para las Unidades Especializadas contra el Secuestro.

Derechos de jornaleros

El secretario del Trabajo, Roberto Campa, sostuvo que existe una ineficacia en la investigación de delitos cometidos contra los trabajadores del campo, vulnerables al coyotaje y enganchadores.

Los números son marginales, en realidad se trata de delitos que se han enfrentado, hasta hoy, sin eficacia, por ello es que estamos comprometiendo esta tarea, dijo al ser entrevistado.

Por ello, la Secretaría del Trabajo, junto con la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos elaboran una guía para la investigación del delito de trata con fines de explotación laboral y trabajo forzado.

De lo que se trata es de proteger de manera integral los derechos de los jornaleros y estamos convencidos de que en muchos de los casos se cometen delitos y la CNDH ha definido claramente un criterio en el que dice que las autoridades estamos obligadas a atender los asuntos, si no atendemos esa responsabilidad estaremos frente a una violación de derechos humanos que se sanciona por omisión, agregó.

El documento que presentó Campa Cifrián en la conferencia indica que las autoridades de inspección y ministeriales se deban reunir conforme a la sospecha de hechos probablemente delictivos que sean observados y determina indicadores de confinamiento, de engaño, hacinamiento y malas condiciones de vida, malos tratos, explotación y en los casos de menores de edad.