No todos los centros penitenciarios estatales en el país cuentan con sistemas de bloqueo de celulares.

Salvo Yucatán, donde 100 por ciento de los penales tienen estos dispositivos, el resto opera de manera parcial o casi nula, según un reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación con datos de 2017, la evaluación anual más reciente.

Al cierre del año pasado, seis entidades, incluida la Ciudad de México, no tenían en operación estos sistemas de inhibición. En cuanto a Baja California y Durango, la autoridad federal no tenía datos disponibles.

La mayoría de las entidades tenía dispositivos de bloqueo en menos de 50 por ciento de los centros de reclusión. En conjunto, no hay más de 100 aparatos en operación en todo México.

Entre los estados con porcentajes menores se encuentran algunos de los más golpeados por los delitos de alto impacto: Nayarit (5.3 por ciento), Puebla (13.6 por ciento), Jalisco (14), Zacatecas (15.8), Quintana Roo, Oaxaca y San Luis Potosí (16.7 por ciento) y Nuevo León (20 por ciento).

A su vez, los que tienen niveles más altos son Tamaulipas (85.7 por ciento), Sinaloa (75 por ciento), Coahuila (60) y Chihuahua (55 por ciento).

Por número, los que más tienen son el estado de México, con 11; Chiapas, con 10, y Sonora con nueve, pero hay muchos que no sobrepasan los cinco.

A principios de este mes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) advirtió sobre el fracaso de los sistemas de bloqueo tras realizar un estudio en siete penales (los cuales no identificó), desde donde se realizarían cada año 3.7 millones de llamadas de celular que estarían vinculadas a extorsión y secuestro, entre otros delitos.

En respuesta, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, reveló que los bloqueadores no son activados de manera deliberada.

Financiamiento federal

Los aparatos inhibidores o bloqueadores de señal son financiados mayoritariamente con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el cual entrega cada año a los estados, en conjunto, un promedio de 7 mil millones de pesos para apuntalar cinco ejes básicos de la estrategia nacional de seguridad: prevención del delito, operación policial, aplicación de la ley penal, administración de la información para la seguridad y especialización para el combate al crimen.

Sólo en penales para adultos la aportación federal de 2017 fue de 725 millones y la estatal de 531 millones.

En tanto, el informe precisa que en el año de referencia sólo siete entidades tenían autoridad administrativa especializada para adolescentes en conflicto con la ley y apenas 10 tenían centros para atender adicciones con modalidad residencial.

Pese a los recursos empleados, no sólo continúa la realización de llamadas de celular (como refirió el IFT), sino que siguen cometiéndose miles de incidentes, es decir, hechos violentos en cárceles tales como riñas, desórdenes, suicidios, homicidios y motines.

El primer sitio lo tuvo Querétaro, con 537 incidentes. Le siguen Sonora, con 478; estado de México, con 406; Chihuahua, con 333, y Guanajuato, con 269.

El FASP está previsto en la ley de coordinación fiscal para transferir recursos a las entidades para que éstas cumplan con las estrategias nacionales en materia de seguridad pública.