Mañana vence el plazo para que el presidente Enrique Peña Nieto incluya observaciones o ejerza el derecho de veto a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (conocida como de salarios máximos), y si no recurriese a alguna de esas prerrogativas, dispondrá de 10 días naturales para promulgarla.

De transcurrir el tiempo referido, el Senado, que fue la cámara de origen, podrá publicarla en el Diario Oficial de la Federación. Esta mecánica legal obedece a la reforma de los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución promulgada el 6 de agosto de 2011 por el entonces presidente Felipe Calderón con la finalidad de eliminar a lo que se daba por llamar el veto de bolsillo.

En aquella oportunidad, el pleno de la Cámara de Diputados eliminó de la norma la facultad del Presidente para no publicar una ley cuando no estuviese en concordancia con ella, o cuando su consjería legal le recomendara echarla abajo. Se estableció que tendrá un plazo de 30 días para ejercer el veto o hacer observaciones.

La modificación introducida al artículo 72 de la Constitución subraya que, vencido el plazo de los 30 días, el jefe del Ejecutivo sólo tendrá 10 días para promulgar o publicar la ley o decreto aprobado por los diputados o senadores. En caso de no hacerlo, ésta se considerará aprobada automáticamente por el mandatario en turno y la cámara de origen deberá ordenar la promulgación del nue-vo ordenamiento.

Esos plazos no se interrupirían, aun cuando el Congreso se encuentre en periodo de receso, ya que se faculta a la Comi-sión Permanente para recibir ta-les observaciones.

Como se recordará, hace más de cuatro semanas la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que reglamenta los salarios de los funcionarios con respecto a los artículos constitucionales 75 y 127, con lo que ningún servidor podrá ganar más que el Presidente.

Fue el grupo parlamentario de Morena el que sacó del ostracismo legislativo la iniciativa aprobada desde 2011 por el Senado y posteriormente enviada a la Cámara de Diputados. Hace siete años el entonces senador y hoy diputado federal Pablo Gómez presentó el proyecto. En lo general, el pleno respaldó la propuesta con una mayoría de 433 votos a favor, nueve en contra y una abstención.