Durante el actual sexenio, bajo el mando de Gerardo Ruiz Esparza, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha acumulado observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un monto total de mil 327.9 millones de pesos por recuperar o aclarar, entre las cuales figura un estudio sobre las irregularidades en la construcción del Paso Exprés.

En la auditoría 380, de la cuenta pública de 2015, se deja constancia de una larga serie de actos de negligencia en la construcción de dicho libramiento carretero, cuyas obras mal ejecutadas han provocado el fallecimiento de cuatro personas, de acuerdo con la recomendación 34/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Entre las fallas que documentó la ASF se puede mencionar que la SCT no se cercioró del cumplimiento de la entrega de la póliza de la obra carretera, lo que habría provocado un daño patrimonial de casi un millón 600 mil pesos.

De igual manera, la dependencia dirigida por Ruiz Esparza autorizó de forma irregular pagos extra por mano de obra, materiales y equipo, que sumaron en total 44 millones 525 mil pesos, y no detectó la diferencia de volúmenes en la aplicación de cemento asfáltico, lo cual provocó afectaciones a la hacienda pública por más de 328 mil pesos.

Además de lo anterior, hubo probables desvíos de recursos por la contratación a precios excesivos de tambos de plástico para señalizar obras, costos irregulares de construcción de pasos peatonales temporales, falta de aplicación de una bitácora electrónica de la construcción y pago excesivo de mano de obra, materiales, maquinaria, equipo y herramienta.

Otras obras que ameritaron la realización de auditorías y el señalamiento de probables daños a la hacienda pública federal son la construcción de un libramiento de la carretera Ciudad Valles-Tampico, por el incumplimiento de obras por parte de la empresa encargada de las mismas, y por la falta de registros pormenorizados de los gastos de la edificación.

De igual manera, en la ampliación de la carretera federal Muna-Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo, la auditoría 327 de la Cuenta Pública del año pasado documentó manejos irregulares de recursos por no considerar la existencia de diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto.

Otro ejemplo de las auditorías que involucran a la SCT es la 357, de la Cuenta Pública 2015, referente a la ampliación del sistema del Tren Eléctrico Urbano en la zona metropolitana de Guadalajara, en la cual se autorizaron pagos excesivos de manera injustificada y no se verificó la compra correcta de materiales.