Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y el secretario general de Unidos Podemos (UP), Pablo Iglesias, suscribieron un acuerdo en el paquete presupuestario para el próximo año, en el que prevén un aumento del gasto público de más de 5 mil millones de euros (110 mil millones de pesos), sobre todo en políticas sociales y en el mantenimiento de servicios públicos básicos.

El documento servirá de base para abrir una negociación con otras fuerzas parlamentarias con la finalidad de lograr su aprobación, en noviembre próximo, en el Congreso de los Diputados.

Después de una intensa negociación, las dos principales fuerzas de la izquierda española llegaron a un acuerdo, pero los 84 votos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los 67 de UP suman apenas 151, lejos aún de los 166 que requieren para superar a los conservadores Partido Popular y Ciudadanos, lo que los obliga a pactar con las dos formaciones independentistas catalanas: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Demócrata de Catalunya (PDCat), con 17 escaños, y del Partido Nacionalista Vasco, que cuenta con cinco.

El acuerdo supone un viraje en las políticas públicas y en la recuperación del compromiso social del gobierno. Entre sus puntos más destacables figura un aumento al salario mínimo interprofesional a 900 euros, que representa 40 por ciento. Se garantizará presevar el poder adquisitivo de los pensionistas, al fijarse en función de los precios de la canasta básica. También habrá un aumento en el gasto de Dependencia, para lo que se destinarán 515 millones de euros.

Reforma al Código Penal sobre la violación

Se acordaron, además, reformas al Código Penal y se considerará delito sexual la violación si antes no hay un sí de aprobación de la mujer. También se darán competencias a los ayuntamientos para regular los contratos de alquiler y para fijar el precio máximo. Asimismo, se equipararán los permisos de maternidad y paternidad y se dará un impulso a la producción cultural en otras lenguas.

Desde ERC y PDCAT se condiciona el apoyo a que el gobierno español que presione a la fiscalía general del Estado para que modifique su estrategia en el juicio a líderes independentistas en el Tribunal Supremo. El gobierno español aprobó un aumento del gasto en Cataluña de más de 2 mil millones de euros (48 mil millones de pesos), como propuesta para lograr el sí de los diputados independentistas.