Washington. El número de familias separadas en la frontera por el gobierno de Donald Trump por su política de tolerancia cero es mucho mayor del admitido: asciende a más de 6 mil en cuatro meses, aseguró este jueves Amnistía Internacional (AI).

La cifra, más del doble de la que se había dado a conocer, fue obtenida de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Las más de 6 mil separaciones ocurrieron entre el 19 de abril y el 15 de agosto de este año, precisó un informe de AI.

De esa cifra, además, están excluidas separaciones no registradas, como las de abuelos y otros miembros de la familia no inmediata, cuyas relaciones califican las autoridades de fraudulentas. La cifra de familias separadas por la administración Trump llega a 8 mil desde 2017.

Estas escandalosas cifras indican que las autoridades estadunidenses informaron mal a la opinión pública acerca del número de familias a las que había separado, o bien que continuaron con esta práctica ilegal a pesar de las órdenes judiciales para poner fin a las separaciones, manifestó Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El informe lleva por título Tú no tienes ningún derecho aquí: expulsiones ilegales en frontera, detención arbitraria y malos tratos infligidos a solicitantes de asilo en Estados Unidos.

El documento revela además que desde la llegada de Trump a la Casa Blanca la CPB aplicó una política de devolver a miles de personas que buscaban asilo en puntos de entrada a lo largo de toda la frontera con México.

AI denuncia también que desde 2017 las autoridades aplican una política de detención obligatoria e indefinida de solicitantes de asilo, a menudo sin libertad condicional, durante la tramitación de sus solicitudes, lo que supone una detención arbitraria, viola la legislación estadunidense y también el derecho internacional.

La administración Trump está llevando a cabo una campaña deliberada de violaciones generalizadas de derechos humanos para castigar a las personas que buscan seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, concluyó Guevara-Rosas.

AI pide la implicación del Congreso estadunidense para poner fin a las prácticas que denuncia en su informe.

Trump ha hecho de la mano dura en inmigración uno de los pilares de su acción de gobierno.

En abril, su fiscal general, Jeff Sessions, dio la orden de perseguir penalmente a todo migrante que cruzara sin documentos la frontera por México. La persecución penal lleva implícito el envío a un centro carcelario, donde los niños no pueden estar, y éstos fueron separados de sus padres y quedaron bajo custodia del Departamento de Sanidad y Servicios Sociales.

Bautizada como tolerancia cero, Trump utilizó esta política para desincentivar la llegada de inmigrantes. Las separaciones generaron una ola de indignación dentro y fuera del país y el mandatario fue obligado a firmar el 20 de junio una orden ejecutiva en la que dispuso ponerles fin.

No pretendía, no obstante, acabar con la persecución penal, sino que los niños estuvieran en prisión con sus padres.

Pero una juez federal de Los Ángeles se lo negó. Y luego otro juez federal de California ordenó la reunificación de todas las familias.

El comunicado de AI con un link que lleva al informe está en (https://bit.ly/2pM3HwB).