Una cantidad considerable de las observaciones dirigidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las universidades públicas tienen que ver con casos en los que estarían involucrados funcionarios de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Como se informó ayer en este diario, el ente revisor del gasto público ha identificado que, en conjunto, las 55 casas de estudio que reciben fondos del Estado tienen anomalías por 14 mil 624.3 millones de pesos, por recursos cuya utilización no han aclarado.

Entre las instituciones señaladas por presunto manejo irregular de dinero en el que están involucradas Sedatu y Sedesol se encuentran las universidades autónomas del Estado de México, del Estado de Morelos y del Carmen.

De igual manera, los análisis de la ASF indican que las universidades Juárez Autónoma de Tabasco, Juárez del Estado de Durango y las Politécnicas de Chiapas, de Quintana Roo y Francisco I. Madero (en Hidalgo) también llevaron a cabo operaciones irregulares con las mencionadas secretarías.

Un ejemplo de la forma en que dichos centros de estudio se involucraron en manejos aparentemente indebidos con esas dependencias estatales es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que tiene observaciones no solventadas ni aclaradas por el uso de mil 632.3 millones de pesos.

Dicha institución firmó un convenio en 2014 con la Sedesol por 324 millones de pesos para fortalecer la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), pero finalmente subcontrató a dos empresas particulares que no tenían el perfil para realizar el trabajo y que no dieron pruebas de haberlo realizado.

Un caso prácticamente idéntico es el de la Universidad Tecnológica de Nezahulacóyotl, que en 2015 firmó un contrato –también con Sedesol– por 319 millones de pesos para operar el mismo FAIS, y que de igual forma entregó los recursos a proveedores sin capacidad técnica, quienes tampoco llevaron a cabo la labor encomendada. En ambos casos, la titular de Sedesol era Rosario Robles.

Sin embargo, también hay ejemplos de supuestas irregularidades en las cuales están involucradas otras secretarías u organismos gubernamentales, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad.

A manera de ejemplo está la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con observaciones por 23.3 millones de pesos. De ese total, 17 millones 800 mil están relacionados con incumplimiento de dos convenios firmados con Pemex Exploración y Producción destinados a dar asistencia técnica para la supervisión y los procesos de contratación de equipos, materiales y servicios.

También puede mencionarse el caso de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, que tiene pendiente la comprobación de gastos por 58.6 millones de pesos, por convenios no cumplidos con la Sagarpa y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.