El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, reconoce que para resolver los problemas de seguridad y violencia de género que se viven en la institución se necesita mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones.

En la respuesta al pliego de demandas de la Asamblea Interuniversitaria –entregado el 4 de octubre a Graue por alumnos de distintas facultades y escuelas de la UNAM–, el rector explica que en los distintos pliegos petitorios que hemos recibido en la administración central, provenientes de escuelas, facultades e institutos, se ha detectado la gran diversidad de problemas particulares a cada entidad. Algunos son tan complejos, dice, que para ser solucionados requieren un esfuerzo colectivo de concientización, mejoramiento del entorno social y prevención civil de diversa índole.

En un documento de 19 páginas, del que La Jornada tiene copia, el rector plantea que ante los hechos acontecidos, resulta evidente que es necesario ampliar y tener mayor representatividad de la comunidad dentro de los distintos planteles para conseguir la erradicación de la violencia en sus distintas formas.

Anuncia que se enviará al Consejo Universitario una iniciativa de reforma a los reglamentos para que la representación ante las Comisiones Locales de Seguridad, tanto de estudiantes como de académicos, sea por elección directa, universal y con enfoque de género.

La Asamblea Interuniversitaria –una de las formas en que los estudiantes se han agrupado tras la agresión que el 3 de septiembre sufrió un grupo de alumnos del CCH Azcapotzalco a manos de un grupo de choque frente a la torre Rectoría– plantea en su pliego petitorio demandas sobre seguridad, violencia de género, democratización de la UNAM, transparencia y aumento del presupuesto, así como de defensa de la educación pública y gratuita. La asamblea fijó un plazo de una semana al rector para conocer de manera pública su respuesta.

En el texto, Graue señala que la universidad ha asumido toda responsabilidad derivada de la rehabilitación de las víctimas del ataque y se ha asegurado de que reciban la mejor atención médica, física y sicológica posible.

Dice que están en marcha investigaciones internas para determinar si algún funcionario o trabajador de la UNAM es responsable por actos de omisión o acción en los mismos hechos.

Explica que han sido expulsados 31 alumnos por haber participado en la agresión y que 18 de ellos han sido detenidos como presuntos responsables de la misma por la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México, derivado de denuncias de la máxima casa de estudios.

Asimismo, reconoce la necesidad de realizar mayores esfuerzos para la atención y erradicación de los actos de discriminación y violencia de género que aún persisten en la UNAM. El objetivo es llegar a una política de cero tolerancia respecto a estas prácticas.

Sobre la transparencia y el presupuesto universitario, indica que la información al respecto y de su gestión es totalmente transparente, la cual puede ser consultada en http://transparencia.unam.mx/. Anuncia que en los próximos 15 días la escuela de estudios ofrecerá un curso en línea para que su comunidad tenga herramientas para conocer la información presupuestal y financiera.

Sobre las demandas de democratización de la UNAM, indica que en el corto plazo no es posible crear ni restructurar los órganos colegiados, ni la forma de elección de las autoridades, al estar regulados por la Ley Orgánica de la institución y su estatuto general.