Como parte del proceso formal de transición que se realiza a escala federal, han continuado las reuniones temáticas entre los equipos de trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del próximo canciller, Marcelo Ebrard Casaubón.

Un eventual recorte a los salarios de la diplomacia, debido al tope salarial de 108 mil pesos mensuales que Andrés Manuel López Obrador plantea ganar como presidente de la República, ha sido uno de los mayores debates y propició que desde hace meses integrantes del Servicio Exterior Mexicano (SEM) expresaran su preocupación.

Embajadores, como Martha Bárcena, quien se perfila como próxima representante de México en Estados Unidos; integrantes del SEM e incluso los subsecretarios de la cancillería, Carlos de Icaza y Miguel Ruiz Cabañas; emplearon las redes sociales para resaltar la labor de la comunidad diplomática y manifestar que las remuneraciones de los integrantes del Servicio Exterior Mexicano deben corresponder al costo de vida en el extranjero.

En agosto, cuando se inició esta polémica, Héctor Vasconcelos, cercano a López Obrador, planteó la posibilidad de incrementar honorarios para los niveles medios y bajos del SEM y no a los altos mandos.

Ebrard Casaubón ha dicho que el SEM recuperará sus facultades de promoción turística, económica y comercial, por lo que los embajadores y diplomáticos, como responsables de velar por los interés de nuestro país en el extranjero, se encargarán de atraer inversión, ante el cierre –en el próximo gobierno– de las 46 oficinas que tiene ProMéxico en el exterior. Ebrard también analiza el diseño de una política de diplomacia cultural.

Bernardo Méndez Lugo, ministro jubilado del SEM y director de Fundación Pro Migrante América sin Muros, consideró que es necesario un estudio cauteloso sobre el tema, pues los salarios en general del personal del servicio en el exterior se realizan mediante compensaciones, es decir, no hay un incremento oficial y desde hace años no han tenido un aumento.

Explicó que valdría la pena revisar situaciones que pueden denominarse de privilegio, como viajes o gastos de representación, particularmente a embajadores que están en países desarrollados; la reducción tendría que venir por el lado de esos beneficios.

Con la experiencia de haber ocupado cargos en consulados y embajadas, Méndez Lugo opina que, con una capacitación suficiente, las tareas de ProMéxico pueden ser asumidas por el personal de carrera del SEM y la cancillería mexicana.