Para la Secretaría de la Función Pública (SFP) el asunto del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca –donde fallecieron dos personas el año pasado– es caso cerrado, luego de que realizó una investigación íntegra, profunda y apegada a la legalidad, afirmó la titular de la dependencia, Arely Gómez.

Entrevistada en el Senado luego de que participó en la instalación de la Comisión Anticorrupción, aseguró que en cuanto volviera a su oficina leería la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acerca del socavón, pero desde ahora les digo que en este caso se hizo una investigación integral, profunda y apegada a la legalidad, y se llegó a sanciones administrativas para ocho funcionarios.

La CNDH) emitió ayer una recomendación sobre el socavón de Cuernavaca, en la cual señala que la construcción del llamado Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca estuvo plagada de graves deficiencias y hay indicios de un posible esquema de corrupción, por el cual perdieron la vida cuatro personas. Es un caso que debería ser investigado a profundidad y no sólo en el nivel administrativo.

Al ser cuestionada al respecto, Arely Gómez dijo: En la SFP en este caso, como en el Odebrecht y todos los que nos han tocado, se ha investigado de manera integral, exhaustiva, profunda y apegada a la normatividad.

–¿No hay impunidad en estos casos?

–No, absolutamente no. Para la SFP ni en este caso ni el de Odebrecht hay impunidad.

Gómez insistió en que desde el primer día (cuando se abrió el socavón en Cuernavaca) la dependencia que encabeza tomó acción inmediata ante los lamentables hechos que ocurrieron. Nosotros iniciamos el 12 de julio y para septiembre ya teníamos una investigación exhaustiva, amplia, coordinada, no fragmentada, donde participaron todos los órganos de control, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que tenían un tema que atender.

Aclaró que la SFP investiga responsabilidades administrativas, no penales, y aplicó sanciones por omisiones y negligencia. Recordó que en el caso del socavón hubo sanciones de hasta 10 años. Fue un trabajo impecable, abierto al escrutinio público. Fueron sancionados siete funcionarios de la SCT y uno de la Conagua. Por primera vez en la historia a un testigo social se le quitó su registro por haber dado un dictamen en un momento que no consideramos del todo excelente.

Por otra parte, la Junta de Coordinación Política del Senado citó a comparecer al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, el 17 de octubre para la glosa del sexto Informe de Gobierno.

En tanto, Gonzalo Yáñez, coordinador de los senadores del PT, exigió que Ruiz Esparza asuma la responsabilidad por la pérdida de vidas provocada por el socavón que se abrió en el Paso Exprés, luego de que la CNDH lo señala como principal responsable de las irregularidades en la planeación y ejecución de la obra. Subrayó que la SCT debe aceptar y cumplir de inmediato todos los puntos de la recomendación 34/2018 emitida por el organismo autónomo.