os motivos para reducir el gasto del Poder Judicial de la Federación son cuestionables; aparecen como paliativo para menguar las críticas dirigidas por el próximo gobierno hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los órganos jurisdiccionales federales, con la finalidad de debilitarlos y justificar posibles desacatos a sus determinaciones.
Si realmente se busca una transformación para lograr economía, eficiencia y legitimación judicial, hay que hacer otros cambios.
Los procesos en México son largos y caros. Un juicio de amparo contra actos de autoridad jurisdiccional, por ejemplo, tiene muchas instancias, algunas innecesarias.
Una solución es replantear la procedencia del amparo contra este tipo de actos: en la actualidad, el control concentrado de constitucionalidad no es la única forma de tutelar derechos humanos contra la aplicación de normas posiblemente inconstitucionales, ya que existe control difuso. Esto hace obsoleto el modelo de amparo contra actos jurisdiccionales.
También hay que modificar la ley para facultar a los jueces federales de amparo para desestimar asuntos que tengan visos de fraudes legales o trampas procesales.
Otro ahorro mayor para el Poder Judicial de la Federación sería conservar únicamente el expediente electrónico y, sólo en casos necesarios, usar el escrito; además de cancelar de forma definitiva la impresión del Semanario Judicial de la Federación.
Lo más importante: modificar la legislación ordinaria para simplificar el sistema de procedimientos para llegar a su nacionalización (1 código procesal para todo el país), prescindiendo de la división entre justicia federal y local, para dar paso a una sola justicia de la Unión que resuelva los conflictos integralmente y con la posibilidad de únicamente una segunda instancia.
Así se lograría detener el crecimiento exponencial de los Poderes Judiciales y de sus gastos, a la vez que mejoraría ostensiblemente el sistema de impartición de justicia que ha resultado ineficaz por lento, simplificando procedimientos, nacionalizando la justicia y desapareciendo instancias arcaicas que ya no obedecen a la actual situación de nuestro país.
Este sería un cambio verdadero, con una significativa reducción de gastos, no sólo simbólica. Quedaría vigilar que los Poderes Ejecutivo y Legislativo empleen –ahora sí- los recursos ahorrados en beneficio del país.
*Juez Federal de Amparo
