a cancelación de los llamados Foros Escucha para la pacificación y la reconciliación anunciada hace unos días por el equipo de transición de López Obrador significó sin duda un revés a las expectativas creadas por muchas de las víctimas de la violencia en el país, quienes se habían ilusionado con la promesa de ser atendidos por el próximo gobierno.

Tal decisión, que deja inconcluso el cumplimiento del compromiso de campaña hecho por López Obrador de realizar una gran gira por todo el país para escuchar las voces de las víctimas, no puede ser vista como un impedimento para la incorporación de esos cientos o miles de desgarradores testimonios en la construcción del que, a mi juicio, es el principal desafío del próximo gobierno: una estrategia de pacificación nacional.

Si bien es cierto que el coordinador de los foros, Alfonso Durazo aludió a la falta de tiempo para recoger más testimonios y a la urgencia –dijo– de sistematizar las propuestas vertidas en los 16 foros que sí se llevaron a cabo, las quejas y los reproches por parte de las víctimas no se han hecho esperar. Hablan de una deficiente coordinación y de condiciones inadecuadas para la escucha. Y tienen razón.

Aun en esas circunstancias poco propicias para el análisis y las propuestas, los foros habían resultado una catarsis, un necesario desfogue colectivo que en muchos casos desbordaba furia y desesperación, pero que en no pocas ocasiones también arrojaba luces.

El grupo del presidente electo ya no acudirá pues a estados como Tamaulipas, Sinaloa, Morelos, Tabasco o Veracruz, donde la violencia por el combate al narcotráfico se ha mostrado irrefrenable y el resentimiento social se acrecienta. La deuda de justicia con esas víctimas se mantendrá intacta.

En este contexto, la pacificación del país ha sido –y es hoy más que nunca– un asunto de vital importancia en la agenda nacional, no sólo por la exigencia impostergable de justicia, sino para la viabilidad del próximo gobierno y del país mismo.

No son pocas las voces que consideran, con razón, que este proceso de pacificación, que algunos llaman amnistía, no debería limitarse a los delitos relacionados con las drogas, sino que tendría que hacerse una revisión profunda de los expedientes judiciales, particularmente desde una perspectiva de género, y que al mismo tiempo, además de la misoginia, confronte también vicios del sistema como el racismo y el clasismo.

Sin embargo, la nuestra es una sociedad rota y ensangrentada, producto de una guerra cruenta y absurda que, en unos cuantos años, ha arrojado cifras que hubieran sido inimaginables hasta hace pocos años: 250 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos.

Es por esto que, entre muchos otros aspectos, la estrategia de pacificación debe fincarse necesariamente en la reorientación efectiva de las políticas públicas sobre el consumo, producción y venta de estupefacientes.

Las recientes declaraciones del actual secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y de la futura secretaria de Gobernación, Olga Sácnhez, cobran particular importancia al proponer estrategias radicalmente opuestas a las desarrolladas hasta ahora en el combate a las drogas.

El viraje de 180 grados en la postura del general Cienfuegos abre la puerta a un debate público en un tema que se ha centrado en el discurso de las armas y que se pone en consonancia con la posición asumida por el próximo gobierno de legalizar la mariguana y la siembra de amapola con fines terapéuticos, como parte de una serie de medidas que permitan abatir los índices de violencia.

Así, los gobiernos saliente y entrante se ponen en línea con la tendencia mundial que busca un nuevo paradigma en el manejo de esta problemática con la finalidad de transitar hacia un enfoque basado en la salud pública. Vivir en paz y concordia es una aspiración legítima de cualquier sociedad, particularmente de una que, como la mexicana, se ha visto vulnerada y ultrajada, y que ha vivido con temor al menos durante los casi 20 años que van del presente siglo.

Dar satisfacción cabal a esos anhelos es una enorme deuda de los gobiernos recientes y una responsabilidad indeclinable del gobierno de AMLO, más allá de los foros, para resarcir tantos agravios, hacer justicia y comenzar, de una vez, la pacificación nacional.

*Profesor universitario