l tribunal electoral de Puebla confirmó ayer (como era ampliamente previsto) su intención de que Martha Érika Alonso sea la próxima gobernadora. Falta, sin embargo, la sentencia final, que será emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ante el cual Miguel Barbosa y Morena objetarán la resolución de la instancia estatal, a la que acusan de estar absolutamente supeditada al mando del cacique Rafael Moreno Valle, esposo de la presunta próxima gobernadora y probable coordinador de sus compañeros senadores por el Partido Acción Nacional.

Será importante la decisión que tome el mencionado tribunal federal, pues son abundantes las pruebas y evidencias del manejo fraudulento de las elecciones poblanas. Valga tener presente que en anteriores litigios (la alcaldía de Coyoacán y las presidencias municipales queretanas de la capital estatal y de Huimilpan), la decisión de los magistrados electorales federales favoreció a quienes originalmente habían sido anunciados como triunfadores, a pesar de las fundadas impugnaciones de los oficialmente derrotados (María Rojo, Adolfo Ríos y Celia Durán, conforme a las demarcaciones señaladas en el anterior paréntesis).

En términos políticos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha beneficiado a los grupos políticos de dos panistas relevantes: el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, opuesto a Ricardo Anaya Cortés y presuntuoso comentarista ante Andrés Manuel López Obrador, en reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) de que en esa entidad de raigambre blanquiazul el ganador en la contienda presidencial había sido el tabasqueño, y Rafael Moreno Valle, quien dejó de ser gobernador formal de Puebla pero mantiene un control asumido con ciertos matices por Antonio Gali y ahora en busca de aplicación plena si arriba la esposa, Alonso, a la misma silla de gobierno.

El expediente poblano tiene ingredientes especiales. El candidato de Morena, Miguel Barbosa, ex perredista del primer círculo del chuchismo (aunque luego se distanció de ese grupo y del propio partido), no suscita una adhesión vehemente de los cuadros dirigentes del obradorismo ni de la propia base de Morena en Puebla. Una muestra de esas distancias se tuvo en la famosa y polémica boda de César Yáñez y Dulce María Silva en la capital poblana, pues entre los invitados no estuvo el mencionado Barbosa, y sí el gobernador Gali, morenovallista pero con puentes y entendimientos con el obradorismo (durante la administración de Gali fue liberada la empresaria Silva, encarcelada cuando Moreno Valle era gobernador).

Por su parte, Moreno Valle ha ido canjeando posiciones menores, pero importantes, a cambio de presuntas aspiraciones mayores: se propuso como precandidato presidencial panista y acabó negociando la candidatura de su esposa a gobernadora y la suya propia a senador. En el jaloneo por la sucesión en la dirigencia panista se ha hecho de la probabilidad de coordinar a los senadores de su partido, a cambio de declinar su escuálida posibilidad de competir por el liderazgo partidista.

Al proyecto obradorista no le iría mal, en términos absolutamente pragmáticos, contar con un aliado en las filas panistas, en específico en la coordinación de los senadores. Ya se verá si la resolución del TEPJF confirma el cacicazgo de Moreno Valle (cercano a Elba Esther Gordillo y a Esteban Moctezuma) o rehabilita a Barbosa. La mejor opción, en todo caso, sería anular los comicios y convocar a nuevas elecciones en Puebla, en las que no participaran las cartas marcadas de ahora: ni la esposa del cacique ni el ex perredista impresentable.

Una comisión de primer nivel del próximo gobierno federal se asomó ayer de manera involuntaria a algunos de los rasgos distintivos del accionar de dueños, concesionarios o beneficiarios de procesos empresariales ajenos o contrarios al interés popular: el uso del instrumental jurídico para amedrentar o entrampar a quienes indagan o se oponen a esos negocios y, además, el amago de la violencia física, criminal.

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