l presentar la recomendación 34/2018, referida al caso del Paso Exprés de Cuernavaca, el segundo visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Enrique Guadarrama López, dijo que la construcción de ese libramiento estuvo plagada de graves deficiencias que pueden ser indicativas de un esquema de corrupción y señaló la necesidad de que, más allá de las pesquisas administrativas, se emprenda una investigación penal.

Como se recordará, la mañana del 12 de julio de 2017 en esa vialidad se abrió en forma intempestiva un socavón en el que cayó un automóvil particular, las tareas de rescate se prolongaron por varias horas y las dos personas que viajaban en el auto murieron asfixiadas. Ese trágico suceso obligó a repasar el cúmulo de irregularidades en torno al Paso Exprés desde el momento en que se inició su construcción, en el curso de la cual se registraron decenas de accidentes graves debido a carencias de señalización, diseños inadecuados de los pasos provisionales y descuidos injustificables en el manejo de los materiales de construcción. Asimismo, la vía rápida provocó durante su realización inundaciones en barrios aledaños. Para colmo, entre fines de 2014, cuando se licitó la obra, y abril del año pasado, mes en que fue inaugurada, el presupuesto se incrementó en casi 68 por ciento (de mil 134 millones de pesos a mil 669 millones) sin que mediara una explicación razonable. Todo ello dio lugar a advertencias públicas y privadas sobre las fallas de la construcción y hasta a movilizaciones de protesta de grupos de vecinos afectados.

Entre otros señalamientos, el funcionario de la CNDH dijo ayer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no hizo nada cuando supo que uno de los desagües estaba causando socavaciones severas y desbordamientos justo en el tramo en el que se presentó el hundimiento que causó el accidente fatal de julio de 2017; destacó que la vialidad se hizo sin contar con los permisos ambientales reglamentarios y sin pedir información al sistema de agua potable de Cuernavaca acerca de líneas de este servicio o de drenaje que interfirieran con los trabajos, y puntualizó que las repetidas modificaciones en los contratos habrían debido pasar por la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Una vez iniciada la investigación, la CNDH se enfrentó a una actitud indebida por parte de la dependencia que encabeza Gerardo Ruiz Esparza: entrega de información que no tenía que ver con el asunto y retrasos y pretextos para proporcionar los documentos solicitados, lo que, en opinión de Guadarrama López, sugiere una intención de encubrimiento. Más grave aún: el secretario de Comunicaciones y Transportes dio información falsa al Senado de la República cuando fue llamado para que explicara las razones por las cuales se formó el socavón, señaló el visitador de la CNDH.

Pese a los numerosos indicios de prácticas indebidas y delictivas en el proceso de contratación y ejecución del Paso Exprés, la secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, sostuvo ayer mismo que por lo que hace a su dependencia el Paso Exprés culminó con sanciones administrativas a ocho empleados de menor rango y es caso cerrado. Semejante aseveración pareciera indicar que la intención de impunidad no se limita a la SCT sino que se extiende también a la SFP. Todos los elementos disponibles apuntan a la corrupción como causa general de las fallas en esa vialidad que cobraron vidas humanas. Sería lamentable que el gobierno saliente dejara sin despejar esa sospecha generalizada.